ISBN 0124-0854
N º 124 Agosto de 2006 verdadera democracia, representativa y participativa, allí donde la composición formal y material del sistema guarda una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que conforman la sociedad, y les permite, a todas ellas, participar en la adopción de las decisiones que les conciernan. misma y en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, a través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, que le obligan a proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas.
En ese aspecto de lo establecido formalmente en la Constitución y lo que en la realidad se presenta en Colombia, manifiesta la Corte, en la misma sentencia arriba mencionada, que:
“ Es un hecho notorio el que, en el contexto social colombiano, las diferencias y desigualdades se intersectan y se superponen unas a otras, convirtiendo a ciertos grupos en sectores particularmente vulnerables. Es así como las diferencias derivadas de la identidad étnica, del origen " racial " o de la afiliación política, coinciden, por factores históricos, con desigualdades en el acceso a los recursos económicos y a la participación en el sector público, generando un círculo vicioso de causalidades recíprocas que actúa siempre en detrimento de la colectividad en cuestión”.
Esas diferencias y desigualdades van en contra de lo establecido en la Constitución
Traduciendo lo anterior a la forma como se vive en la práctica, veamos lo que dice el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación en Colombia entre enero y diciembre de 2005:
“ La situación de los derechos humanos se caracterizó por una serie de violaciones graves, vinculadas a los derechos civiles y políticos y a los retos pendientes en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Las estadísticas oficiales continuaron sin reflejar adecuadamente esta situación, con un enfoque integral de género. Pudo observarse la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad. También se registraron detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y atentados contra la libertad de expresión. Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas.