ISBN 0124-0854
N º 104 Octubre 2004 que limitan las posibilidades de ejercicio de una ciudadanía democrática.
Retos de las políticas públicas: incidir sobre la emergencia humanitaria reparando derechos con dignidad y participación
Las implicaciones políticas de la política pública para la atención integral a la población desplazada por el conflicto armado se pueden agrupar, entre otros, en dos asuntos fundamentales: el enfoque de protección y reparación de derechos y su garantía po ~ parte del Estado( 11), y la participación social y política de la población desplazada en asuntos cornunitarios, públicos y gubernamentales( 22). Para atender los problemas causados por el desplazamiento forzado debemos diferenciar las responsabilidades de cada uno, antes de hablar de corresponsabilidades. Significa reconocer que la protección y garantía de derechos está en cabeza del Estado. Verlo de otra manera es aceptar las invocaciones de corresponsabilidad que pretenden involucrar a la población civil en salidas militares al conflicto político armado, previa descalificación, por supuesto, del carácter político del mismo. En la sociedad colombiana, las posibilidades normativas para exigir el pleno cumplimiento de los derechos ciudadanos y la correspondiente responsabilidad del Estado están consignadas
en los propósitos constitucionales. En términos formales, la existencia del estado social y de derecho es un punto de partida importante a la hora de establecer los alcances del Estado en cuanto a sus competencias sociales de reparación, protección y prevención. Y esto se cumple, también, para la política pública encaminada a la atención de la población en situación de desplazamiento por el conflicto armado. Las políticas públicas hay que entenderlas en el marco del estado social de derecho( Constitución de 1991) para establecer los alcances y las limitaciones de una atención sensible a la solución de la crisis humanitaria en el corto, mediano y largo plazo. No desconocemos en esta reflexión que la dimensión de estado social y de derecho presenta dos puntos de controversia: El primero, común a los Estados latinos, ¿ cómo se compatibiliza la responsabilidad social del Estado con la simultánea disminución de su participación en la vida pública, producto de las políticas de ajuste estructural?; y, segundo, ¿ cómo se garantizan los derechos en un país inmerso en una guerra irregular, que se agudiza y expande, sin perspectivas, en el mediano plazo, para una negociación política; y, sin claridad, en el corto plazo, sobre el triunfo militar de alguna de las partes enfrentadas? Un enfoque de derechos para la política pública, por tanto, es el punto de partida para entender una atención orientada al contexto de la crisis humanitaria. La acción del Estado, para lograr efectividad, tendría