datos del país almacenados en sus plataformas en la nube, eludiendo así sus obligaciones legales.
Con una duración inicial de siete años y posibilidad de prórroga, el Proyecto Nimbus fue diseñado para permitir a Israel transferir grandes cantidades de datos pertenecientes a sus agencias gubernamentales, servicios de seguridad y unidades militares a los servidores en la nube de las dos empresas: Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Pero incluso dos años antes del 7 de octubre, los funcionarios israelíes que redactaban el contrato ya habían previsto la posibilidad de que se interpusieran demandas judiciales contra Google y Amazon en relación con el uso de su tecnología en los territorios ocupados.
Una de las situaciones que más preocupaba a los funcionarios era que un tribunal de uno de los países en los que operan las empresas ordenara a estas entregar los datos de Israel a la policía, la fiscalía o los organismos de seguridad para ayudar en una investigación, por ejemplo, si el uso de sus productos por parte de Israel estuviera relacionado con abusos contra los derechos humanos de los palestinos.
La Ley CLOUD( 2018) permite a las fuerzas del orden estadounidenses obligar a los proveedores de servicios en la nube con sede en Estados Unidos a entregar datos, incluso si están almacenados en servidores en el extranjero; en la Unión Europea, las leyes de diligencia debida pueden exigir a las empresas que identifiquen y aborden las violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales, y los tribunales pueden intervenir si no se cumplen estas obligaciones.
Es fundamental señalar que las empresas que reciben una orden de entrega de datos suelen tener la obligación – impuesta por el tribunal o la agencia policial – de no revelar los detalles de la solicitud al cliente afectado. Para abordar esta vulnerabilidad percibida, según revelan los documentos, los funcionarios israelíes exigieron una cláusula en el contrato que obligaba a las empresas a advertir de forma encubierta a Israel si alguna vez se veían obligadas a entregar sus datos, pero se les prohibía por ley revelar este hecho.
Según The Guardian, esta señalización se lleva a cabo mediante un código secreto – parte de un acuerdo que se conocería como el“ mecanismo del guiño”, pero al que en el contrato se hace referencia como“ compensación especial”– por el que las empresas están obligadas a enviar al Gobierno israelí pagos de cuatro dígitos en shekels israelíes( NIS) correspondientes al código de marcación internacional del país en cuestión seguido de ceros.
Por ejemplo, si Google o Amazon se vieran obligadas a compartir datos con las autoridades estadounidenses( código de marcación + 1) y un tribunal estadounidense les prohibiera revelar esa acción, transferirían 1000 NIS a Israel. Si se produjera una solicitud similar en Italia( código de marcación + 39), enviarían 3900 NIS. El contrato establece que estos pagos deben realizarse“ en un plazo de 24 horas desde la transferencia de la información”.
Si Google o Amazon concluyen que los términos de una orden de silencio les impiden incluso indicar qué país ha recibido los datos, existe una salvaguardia: deben pagar al Gobierno israelí 100.000 NIS( 30.000 dólares).
Expertos jurídicos, entre ellos varios exfiscales estadounidenses, describieron este acuerdo a The Guardian como muy inusual, explicando que los mensajes codificados podrían violar las obligaciones legales de las empresas en Estados Unidos de mantener en secreto una citación judicial.“ Parece muy ingenioso y algo que, si el Gobierno de Estados Unidos o, más concretamente, un tribunal lo entendiera, no creo que se mostraran especialmente comprensivos”, afirmó un exabogado del Gobierno estadounidense.
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