VIDAMÉDICA / Columnas de Opinión
{ 9 terminal, certificada por dos médicos cirujanos distintos y con la certificación de un médico tratante de que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Contempla dos formas de asistencia médica para morir: una, mediante la administración directa de un fármaco que cause una muerte rápida y sin sufrimiento, por parte de un profesional de salud bajo orden y supervisión médica; y otra, a través de la prescripción y entrega de un fármaco con el mismo propósito, para que la persona pueda autoadministrárselo, también bajo supervisión médica. Se deben realizar dos solicitudes, con al menos 15 días de diferencia. En la reiteración de la solicitud se debe contar con dos testigos y registrarse la declaración en la ficha clínica por el médico tratante. Se establece la objeción de conciencia profesional y el deber de los establecimientos de salud de gestionar su oportuna derivación. Se crea un Comité de Garantía y Evaluación que revisa los antecedentes y evalúa el cumplimiento de los requisitos de la ley para cada solicitud de asistencia médica para morir dentro del territorio de Chile, incluidas las voluntades anticipadas para asistencia médica para morir. En un sondeo de opinión realizado a 24.013 médicos colegiados el año 2019( 22 % de respuesta), el 59 % se mostró dispuesto a administrar una droga letal a un paciente competente que lo solicitara, si cumplía requisitos estrictos. Entre los médicos existen tres posturas principales: quienes consideran que causar la muerte nunca es ético ni parte de la medicina; quienes creen que ayudar a morir a un paciente que sufre es parte del deber médico; y quienes piensan que, aunque legítimo, no corresponde al rol del médico, pues medicaliza la vida. Es momento de reflexionar sobre nuestra postura personal ante este complejo dilema.
Dr. Rodrigo Salinas, Secretario Técnico Departamento de Ética Colegio Médico de Chile
TUICIÓN ÉTICA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
El contrato no escrito de la profesión médica con la sociedad descansa en el respeto de parte de quienes la ejercen de los principios del profesionalismo que le otorgan sus fundamentos éticos. El primero de estos principios reconoce que el interés principal del médico obliga a anteponer el bienestar del paciente a cualquier otro, proveniente tanto del propio profesional como de terceras partes. A este principio, que se remonta a la tradición hipocrática, se agregan los principios de respeto por la autonomía del paciente y la obligación de promover la justicia en la atención sanitaria, que obligan al médico a respetar la voluntad autónoma del paciente y a prestar atención a la distribución justa de los recursos en salud, evitando toda discriminación arbitraria en el cuidado de los pacientes. La supervisión del debido cumplimiento de estos principios descansa, en primer lugar, en la recta conciencia de quien ejerce la medicina. Igualmente importante es que existan estructuras dispuestas por la profesión y el Estado para supervisar su cumplimiento. Así se preserva la confianza en la profesión y en cada médico, asegurando que quien acude en busca de ayuda sepa que su atención busca exclusivamente su bienestar. La asimetría de la información médica entre médicos y pacientes, así como los resultados desastrosos que puede generar una atención deficiente, han llevado, en países con mayor desarrollo organizacional, a crear instituciones que supervisan técnica y éticamente el ejercicio médico, mantienen el registro de habilitados y actúan como tribunales frente a infracciones deontológicas, cuya redacción es responsabilidad de los propios profesionales. Las instituciones destinadas a cumplir estas funciones deben, para contar con la confianza de la sociedad, demostrar más allá de toda duda razonable que están libres de conflictos de interés que puedan afectar su propósito central: resguardar el bienestar del paciente. Por lo mismo, la institución que asuma estas responsabilidades en Chile debe tener dedicación exclusiva, sin otros fines que comprometan su imparcialidad.