LAS PALABRAS DEL PRESENTE
El Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) lleva un registro anual de estos asesinatos de los cuales este año se han registrado 101 líderes sociales y defensores de derechos humanos, a ocho familiares o personas relacionadas con los líderes y defensores y a 25 personas firmantes del acuerdo de paz. Sin embargo, las cifras que maneja la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Interior y las Naciones Unidas no coinciden con la realidad de lo que se está viviendo con nuestros líderes sociales asesinados en nuestro país, cada día el número va en aumento, sin que el Estado tenga interés por investigar, sancionar y frenar estos asesinatos; esto suena más a complicidad ya que se maneja grandes intereses ocultos por parte del gobierno.
La violación a los derechos humanos contra estos líderes se da por el poder y control de las rutas de las drogas con destinos internacionales. A pesar de que las FARC se movilizó e hizo un acuerdo de paz, un gran porcentaje de esta organización formó nuevos grupos que se convirtieron en aliados del ELN, de las Bacrim y de grupos internacionales como el Clan del Golfo que vienen a dominar sectores donde hay cultivos de intensidad de coca para luego exportarlos a Estados Unidos y a Europa. ¿Pero se preguntarán qué tiene qué ver esto con una planta? En Colombia, durante el periodo del año 2000 hasta el 2015 hubo una disminución de este tipo de plantaciones ilícitas de un 58% pero en el 2015 hasta la fecha el cultivo de la hoja de Coca ha aumentado a 212.000 hectáreas, mientras que la producción de coca alcanzó a 951 toneladas; cifra que cada año va aumentando sin ningún control, afectando ecosistemas y reservas forestales como el Amazonas.
A raíz de estos cultivos ilícitos vienen los controles de estos territorios por parte de grupos al margen de la ley como la disidencia de la EX-Farc, Clan del Golfo, grupos paramilitares, entre otros, que se disputan el comercio de la coca dando así el desplazamiento forzado de campesinos y excombatientes que huyen por enfrentamiento de estos grupos, los campesinos deben refugiarse en el casco urbano de cada población de algún departamento de Colombia, para proteger la vida de su familia y de ellos mismos. Desde 1980 en diferentes regiones de nuestro país se la han disputado los exguerrilleros de las FARC, luego los paramilitares que en 1990 mostraron su poderío y huellas imborrables a gran escala con la desaparición de campesinos y de líderes sociales.
Ahora, con otros nombres estos grupos disputan los cultivos y las rutas principales para las economías ilícitas del narcotráfico. En medio de todo este conflicto está la población más vulnerable de nuestro país que reclama la ausencia del Estado y que se hace cómplice ante este flagelo.
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