CUMPLIMIENTO
E
n los EE.UU., el Día del Trabajo, el
primer lunes de septiembre, señala
el final no oficial de la temporada
de verano; marcada por barbacoas, un fin de
semana de tres días, la vuelta a la escuela y el
inicio de la temporada de fútbol americano. El
día también marca el inicio de la temporada
política para el público estadounidense, que en
conjunto ahora se involucra cada vez más en
las cuestiones previas que llevan al día de las
elecciones en noviembre.
Para aquellos que buscan un cargo político,
y los que intentan permanecer en el cargo, el
Día del Trabajo también comienza la última
vuelta para una campaña, que ha estado por
lo general en marcha desde varios meses
antes—y tal vez más de un año—en función
del nivel del cargo que se busca.
Las campañas políticas llevan a las instituciones financieras nuevas cuentas de los
retadores y un resurgimiento de la actividad
en las cuentas existentes de los operadores
tradicionales, que han estado en su mayoría
en estado latente durante el período en
el cargo. Las cuentas de políticos no sólo
llevan nuevos negocios a un banco o cooperativa de crédito, sino también llevan
el potencial de actividad sospechosa en
forma de violaciones del financiamiento de
campañas políticas.
Las cuentas de los políticos locales, que
constituyen el grueso de la actividad, no
son el tipo de cuentas que las instituciones
financieras están buscando debido a su
naturaleza transitoria. Un candidato con
un saldo promedio de 2.500 dólares durante
tres meses, que se cierra después de su
derrota, no es infrecuente. Lo intangible
es que los funcionarios electos pueden
proporcionar negocios adicionales como las
cuentas municipales con depósitos altos y/o
derivaciones de otros servicios financieros.
Desde una perspectiva del antilavado de
dinero (ALD), las cuentas de los políticos
tienen un bajo riesgo de lavado de dinero y
delitos económicos. Para ser justos, a pesar
de la creencia del público de que todos los
políticos son ladrones, por lo general la
mayoría son hombres y mujeres comunes
que tratan de hacer lo correcto. Por
desgracia, muchos se encuentran superados
por las circunstancias, y quedan atrapados
en la política de la situación por lo que no
logran dirigir sus energías a gobernar.
Las cuentas de políticos locales son generalmente fáciles de revisar, porque la actividad
se limita principalmente a un período de
varios meses, los previos a una elección
primaria y/o general. Los retiros deben
reflejar nada más que los gastos de campaña
estándar, tales como correo, publicidad,
carteles para exteriores, etc.
Para ser honesto, no importa cuán diligente sea un profesional de ALD, puede,
con toda franqueza, no tener idea de lo
que está buscando. En su defensa, nadie
debería esperar que los profesionales de
ALD sean expertos en las leyes de financiamiento de campaña. Todo el propósito
de la Ley de Secreto Bancario (BSA) es
reportar actividades sospechosas; pero lo
que es sospechoso y debe ser reportado
en las cuentas de políticos es algo diferente de las señales de alerta estándar que
están entrenados para buscar. Para agregar
sal a la herida, el sistema normal genera
informes de alertas en los que la mayoría
de las instituciones financieras confían, los
destinados a informar anomalías de efectivo
o envíos por cable, no están orientados a
detectar ciertos escenarios que únicamente
la intervención humana puede descubrir.
Las cuentas de políticos no pueden recibir
donaciones en efectivo y la actividad por
cable es muy rara. Mientras que algunos
retiros de efectivo pueden tener lugar, por
lo general son por cantidades mínimas.
A modo de ejemplo, un candidato no
puede emitir un cheque de su cuenta de
campaña por un nuevo juego de neumáticos
para su coche. Otro escenario que es muy
sospechoso es una campaña de emisión de
cheques a un individuo como honorarios de
jefe de campaña por la mayoría de los fondos
recaudados. Esto es absolutamente ridículo
ya que la mayoría de los candidatos locales
actúan en esa doble condición y la idea
detrás de una campaña es la publicidad. Lo
anterior plantea múltiples preguntas de por
qué y dónde va el dinero. Los informes no
proporcionan estos tipos de pistas, que sólo
se encuentran indagando en la actividad de
las transacciones. Un informe de actividades
sospechosas (SAR) sin duda sería adecuado.
También hay una idea errónea de que
el órgano rector en materia de financiación—la Comisión Federal Electoral a nivel
nacional y la junta estatal de elecciones a
nivel local—está monitoreando la actividad
del candidato y llevando a cabo investigaciones según sea necesario.
Los candidatos deben presentar declaraci