ALD EN TODO EL MUNDO
Conviene subrayar que tanto el procurador
general y los seis coordinadores de las áreas
operativas, con la excepción del área de quiebras, trabajarán a tiempo completo en los
papeles para los que han sido nombrados.
El procurador general a cargo de PROCELAC
se responsabiliza de coordinar las áreas operativas, actuando como el abogado principal
o adjunto en casos relevantes, interviniendo
cuando lo solicita la administración y llevando
a cabo actos que requieren la autorización judicial cuando sea apropiado, recibiendo quejas,
y llevando a cabo junto con el coordinador del
área operativa correspondiente y de investigaciones preliminares. Al procurador general
también le toca priorizar las intervenciones de
los abogados ad hoc en casos donde sea apropiado reforzar la representación de la oficina
del procurador general (es decir, los casos con
importancia institucional e impacto socioeconómico). Además, el procurador general se
encarga de proponerle a la oficina del procurador general programas de capacitación,
proyectos de reforma legislativa, protocolos,
acuerdos de cooperación con agencias federales, provinciales o municipales u organizaciones internacionales, así como
también cualesquiera otras iniciativas
consideradas necesarias para llevar a
cabo sus obligaciones.
Los coordinadores de áreas operativas:
• Intervendrán como fiscales ad
hoc en casos que tienen que ver
con hechos de la especialidad de
sus áreas operativas
• Mantendrán registros completos y actualizados de las
diferentes manifestaciones de
crímenes económicos por los
cuales deben pedir la información
necesaria a los sitios relevantes de
la oficina del procurador general;
• Desarrollarán una base de datos
sobre los casos de referencia, para
detectar los patrones comunes para anticipar áreas de riesgo institucional y guiar
investigaciones futuras;
• Prepararán informes periódicos sobre el
estatus de los procedimientos, progreso y
restricciones encontradas;
• Diseñarán estrategias de investigación para
aclarar eventos de crímenes económicos y
recuperar los activos involucrados;
• Monitorearán y ejecutarán estudios continuos de derecho nacional e internacional que
puedan impactar el procesamiento de estos
casos;
• Darán asesoramiento técnico y la asistencia
necesaria a los fiscales involucrados en las
investigaciones;
Establecerán enlaces y acciones entre agencias con las especializadas en su campo, para
mejorar las investigaciones y acciones judiciales
en los casos de su especialidad; el área de apoyo
técnico se encarga de dar apoyo técnico al
procurador general y a los coordinadores de las
áreas. Esta área se ocupa de:
• El registro total y sistematización de información resultante de la actividad en cada área
operativa;
• El análisis, desarrollo e implementación de
políticas de aplicación general y de medidas
específicas para recuperar los activos de
origen ilícito;
• Llevar a cabo tareas asignadas, sujeto a los
dictados de su arte, ciencia o técnica;
• Asesorar al procurador general y a los coordinadores dándoles información específica;
• Ayudar a PROCELAC en las tareas de
búsqueda de bases de datos, incorporación,
organización y comunicación inteligible de
información de naturaleza económica;
• Ayudar en la recuperación de activos ligados
a actos de crímenes económicos;
• Desarrollar e implementar estrategias y metodologías para la investigación de hechos
complejos de crímenes económicos;
• Detectar patrones recurrentes en el uso de
técnicas especiales o dispositivos aplicados
en su área de conocimiento para cometer
crímenes económicos;
• Diseñar y gestionar un sistema de registro
por computadora de las actividades de
PROCELAC.
El área administrativa será responsable de
atender al público, la gestión de la mesa de
entrada y salida, el sistema de registro de las
pruebas y los archivos. En otras palabras, su
trabajo se limitará a la organización e implementación de las tareas relacionadas con el
apoyo estructural y gestión administrativa de
la unidad.
Esta nueva unidad está respaldada por varias
organizaciones de la sociedad civil tales como
el Instituto para los estudios Comparativos en
Ciencias Criminales y Sociales, la Asociación
de Pensamiento Penal, el Centro para la Investigación y Prevención de Crímenes Económicos
y el Comité de Cumplimiento de Monitoreo de
la Convención Interameri