INICIATIVA REGULADORA
D
urante años, la piedra angular de un
programa fuerte de la Ley de Secreto
Bancario/antilavado de dinero (BSA/
ALD) era su capacidad para detectar y prevenir
la venta de sustancias ilícitas mediante la identificación de los ingresos derivados de la actividad
delictiva. Con la legalización de la marihuana al
por menor en Colorado y Washington, un experimento cauto está actualmente en marcha, con
fuertes implicaciones para la aplicación de la ley y
el sector financiero. Sobre la base de la aparición
de la marihuana medicinal, disponible en diferentes grados en otros 18 estados1 más el Distrito
de Columbia, la evolución del paisaje de delitos
financieros ha creado un período de transición
con potencial para el riesgo y la recompensa.
3) Impedir que se desvíe la marihuana de los
estados donde resulta legal de algún modo a
otros estados;
4) Impedir que la actividad de la marihuana
autorizada por el estado se utilice para cubrir
o sirva de pretexto para el tráfico de otras
drogas ilegales u otros ilícitos;
5) Impedir la violencia y el uso de armas de fuego
en el cultivo y distribución de marihuana;
6) Impedir el uso del manejo drogado y la exacerbación de otras consecuencias adversas para
la salud pública asociados con el consumo de
marihuana;
7) Impedir la siembra de marihuana en terrenos
públicos y los peligros de seguridad pública
y ambientales concomitantes planteados
por la producción de marihuana en terrenos
públicos; e
8) Impedir la tenencia de marihuana o su uso en
propiedades federales.
Más vale malo conocido
que bueno por conocer
La publicación por parte del Departamento de
Justicia (DOJ) de una guía orientativa2 respecto de
la aplicación de leyes sobre la marihuana el 29 de
agosto del 2013 marcó un cambio en el enfoque
de aplicación de la ley federal. Comúnmente conocido como el Memorando Cole, la guía afirma que
en los estados donde existe un sistema de regulación fuerte y eficaz, el DOJ no enjuiciará a menos
que exista la sospecha de que una de las ocho prioridades federales de aplicación ha sido violada.
Efectivamente, el DOJ ha respetado el derecho
de los estados en sus asuntos internos, siempre y
cuando sus regímenes normativos no interfieran
con los mandatos federales, que incluyen:
1) Impedir la distribución de marihuana a
menores de edad;
2) Impedir que los ingresos de la venta de marihuana vayan a empresas criminales, pandillas
y cárteles;
Siguiendo el ejemplo del DOJ, la Red de Contra los
Delitos Financieros (FinCEN) publicó una guía,
(FIN- 2014- G001)3, el 14 de febrero del 2014, que
lleva un paso más allá esta presunción de independencia estatal convocando explícitamente a
mejorar la disponibilidad de servicios financieros
para, así como la transparencia financiera de, los
negocios relacionados con la marihuana. Sin dejar
de respetar los límites de las prioridades federales
de aplicación, FinCEN apoya los negocios bancarios de empresas de marihuana que trabajan en
efectivo y aclara las expectativas respecto de la
diligencia debida y reporte de actividades sospechosas para esta industria.
Las instituciones financieras seguirán teniendo
que presentar informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) para todas
las empresas de marihuana, pero ahora se les pide
que distingan entre empresas “Marihuana Limitadas” y “Marihuana Sospechosas”. Esta distinción
se basa en una diligencia debida llevada a cabo
por la institución financiera para determinar si el
negocio se dedica a cualquiera de las ocho prioridades federales de aplicación. Si la respuesta es
sí, entonces la presentación del SAR se considerará sospechosa. Si la respuesta es no, entonces
la presentación del SAR se considera limitado.
Presentaciones de SAR de “Marihuana Limitada”
sólo en teoría serán menos onerosas, ya que sólo
requieren los nombres y direcciones