En consecuencia, mitigar la corrupción es un asunto que compete tanto a la administración pública como a los ciudadanos. Ciertamente, el Estado tiene la responsabilidad principal, en la medida en que debe modificar normas e instituciones, teniendo en cuenta que en países donde la corrupción es sistémica es poco probable que pequeños mecanismos institucionales puedan conducir a una mejor gobernanza. Por ejemplo, aunque Colombia ha adoptado medidas como aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, reducir los trámites, organizar los mecanismos de investigación y sanción, tipificar delitos y recuperar dineros apropiados de manera indebida, mapas de riesgos, planes anticorrupción, nuevos sistemas para la aprobación y monitoreo de proyectos financiados con regalías, no hay evidencia de que nada de esto haya ayudado efectivamente.
SABEC