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Comisiòn tendrà a su cargo el Registro Nacional de Caninos, pero no que podrà
intervenir perros a su gusto”. El funcionario aclarò que la Constituciòn establece en el segundo inciso
del Artìculo 10 que “nadie està obligado a hacer lo que la Ley no manda”. “Yo no chipearè a mis
perros, porque esta medida la considero institucional”, sentenciò Viera.
Asimismo, alentò a la gente a no someter a sus mascotas a dicha pràctica.Sin prurito, el Edil cuestionò
la administraciòn de los recursos. “Los fondos van a ir para quienes venden el chip y los veterinarios.
Este es un negocio para los privados y los proveedores”. Por ùltimo el Edil acusò a Cotryba de no
emitir proyectos para solucionar el problema de los perros callejeros. Por su parte,Gastón Cossia,
diputado blanco e integrante de la Asociación de Clínicas Veterinarias de Pequeños Animales, dijo a
“El Paìs” que el registro creado por Cotryba es "privado" y por tanto “solo van a poder acceder a él
aquellos que paguen el costo".Cossia sostiene que se trata de una política que deja afuera a los
"sectores vulnerables", como las personas que no pueden pagar el costo del microchip y las protectoras
de animales. El legislador afirmò que durante el proceso nunca se tuvo en cuenta a las personas que
están formadas en el asunto. “Los que debemos explicar las ventajas de esto somos los veterinarios. La
comisión está gestionada por un ingeniero agrónomo que no tiene conocimientos sobre salud animal",
indicò. También criticó que haya dos registros: el nuevo de Cotryba y el antiguo de Zoonosis, existente
desde la década del 60, con unos 100.000 perros inscriptos cuyos dueños pagan una anualidad de 530
pesos. Los directores de ambos organismos "no coordinan y no toman acciones en común. Es un
problema de gestión del gobierno, porque la Comisión de Zoonosis y Cotryba son cargos políticos",
manifestó. Con el propòsito de modificar esta situaciòn, Cossia presentò un proyecto de ley con el que
pretende unificar los registros.
El chip puede generar efectos secundarios adversos.
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