En tal sentido, se puede evidenciar el deterioro como consecuencia de
la tala y la quema de gran cantidad de hectáreas de bosque y la administración
nacional se ha desentendido ante esta grave situación, por lo que se puede
decir, que sin el apoyo de personas e instituciones comprometidas con el
accionar ambiental, donde su fin esencial sea la conservación y resguardo de
los espacios naturales, dejando de lado los intereses particulares, para de esta
manera evitar la destrucción de la naturaleza a causa de la explotación
desmedida e inconsciente de sus recursos, con el propósito de lograr
reorientar la gestión pública a fin de mitigar el deterioro ambiental.
Por su parte, el estado Barinas cuenta con organizaciones como: el
Ministerio del Ambiente, MINEA, INPARQUES y algunos espacios naturales,
como: el Parque Moromoy, Barinitas, el Parque la Federación, Jardín Botánico
de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel
Zamora (UNELLEZ), Barinas, Parque Natural la Ciénega, Barrancas, en apoyo
y resguardo de las zonas que son considerados pulmones vegetales del
estado. Sin embargo, se observan acciones que han atentado contra las
especies forestales, y por ende el deterioro y la degradación del ambiente.
En tal sentido, las áreas boscosas han de ser valoradas en respuesta a
la variedad de beneficios que estas ofrecen a la sociedad en general, siendo
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Arbitrado
El papel del Estado como administrador directo de los recursos
no escapa a las críticas, pues raramente ejerce eficientemente
sus facultades regulatorias en las tierras del dominio público y
privado de la nación. Cuando decreta áreas especiales con
fines protectores (parques nacionales, reservas de biosfera) o
con fines productores (reservas forestales, zonas agrícolas) por
lo general carece de los mecanismos institucionales y
financieros para aplicar social y ecológicamente las medidas de
regulación. En consecuencia, se producen conflictos de
objetivos e intereses con los pobladores y productores de los
territorios, debido al poco espacio de participación que se les
reserva a los usuarios en la formulación de las normativas
ambientales y territoriales (pág. 132).