El noventa y cuatro punto ochenta y tres por ciento (94.83 %) de los participantes consultados
se mostraron de acuerdo en que éstas eran las instituciones claves que deberían de revisarse.
ii. Otras materias que requieren de un proceso de modernización tendente a mejorar la
competitividad del país: El noventa y dos punto cincuenta y tres por ciento (92.53 %) de los
consultados se mostraron de acuerdo en que otros asuntos regulatorios administrativos de
primer orden, que deben ser revisados por el efecto negativo que provocan en nuestra
competitividad y en la actividad empresarial, son los siguientes:
a) Registro Único del Contribuyente: Es necesario analizar y diagnosticar su funcionamiento,
ofreciendo alternativas para la simplificación de trámites e identificación de empresarios,
utilizándose un único número para todos los efectos legales.
b) Unificación de la Ley de Migración y Extranjería: con el fin de tratar de superar las
contradicciones normativas expuestas anteriormente, se recomienda trabajar en la unificación
y modernización de ambas leyes, que tienen un efecto importante en el clima de negocios. Ello
resultará en beneficios en la contratación laboral de extranjeros, el inicio de actividades
empresariales por parte de inversionistas extranjeros y, a su vez, podría tener un impacto
positivo en el sector turístico.
c) Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo: Se
pretende reducir la discrecionalidad presente en los distintos entes públicos vinculados al
quehacer empresarial, lo que redundará necesariamente en una mejoría del clima general de
negocios del país.
d) Reducción de los problemas en materia de “tramitología”: Una de las grandes
preocupaciones de los actores consultados se centra en la necesidad de que el proceso de
reforma de la legislación mercantil aborde de manera específica los problemas de
“tramitología” que enfrenta todo el sector empresarial en el país, de manera que el proceso de
reforma permita no sólo una amplia modernización institucional, sino que permita abordar y
resolver asuntos relativos a la simplificación de los trámites diversos que debe realizar el
sector empresarial.
En tal sentido, el marco regulatorio actual es la Ley N° 691, Ley de Simplificación de Trámites
y Servicios en la Administración Pública, la cual deberá ser tenida en cuenta en el proceso de
modernización institucional. Algunos ejemplos que pueden mencionarse en materia de
simplificación de la “tramitología” son los siguientes:
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