E
l Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
en su Informe del Primer trimestre de este año, reportó que
han asesinado 71 líderes sociales o defensores de Derechos
Humanos y 20 ex combatientes [1].
Según Indepaz los Departamentos más afectados por la ma-
tanza son Antioquia, Cauca y Putumayo que concentran el 56 por
ciento de los asesinatos; mientras los sectores más impactados son
el Comunal con 15, Indígena con 15, Sustitución Voluntaria de Culti-
vos de uso Ilícito (PNIS) con 12 y el Campesino con 7.
Operaciones conjuntas contra las comunidades organizadas
Tras el Acuerdo de Paz de 2016, más de 99.000 familias se suscribie-
ron para la restitución integral y voluntaria de los cultivos de uso
ilícito, de las cuales el 96 por ciento cumplen su compromiso [4]; sin
embargo, el Gobierno no cumple su palabra en términos de subsidios,
ayuda técnica e infraestructural y presencia integral en las regiones.
Los narco y sus paramilitares recrudecen el control sobre las comu-
nidades en diferentes regiones del país; simultáneamente a estas
bandas operan las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) compuestas por
la Armada, el Ejército y la Policía en el Pacífico, el Cauca y Nariño
donde opera la FTC Hércules; en el Catatumbo la FTC Vulcano; la FTC
Titán y Nudo de Paramillo en el norte de Antioquia y sur de Córdoba.
Es revelador que en las regiones con más militarización son donde se
incrementa el exterminio de líderes sociales, defensores de Derechos
Humanos y ex combatientes de las FARC.
La sistematización y ubicación geoestratégica del Genocidio de los
líderes y los ex combatientes, deja en evidencia la cooperación de
la Fuerza Pública con los paramilitares y grupos sicariales como las
Águilas Negras, que son los encargados del exterminio del movi-
miento social.
SOLUCION POLITICA
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