L
a crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia no es recien-
te, el lamentable estado de hacinamiento de los centros pe-
nitenciarios, la casi inexistente calidad de vida y el deterioro
de los Derechos Humanos (DDHH) de los reclusos, situacio-
nes que persisten y se agravan; obligaron a que desde 1998 la
Corte Constitucional a través de su Sentencia T-153/98 afirmara que,
“existe de un estado de cosas inconstitucional en el sistema carcela-
rio y penitenciario” [1].
El pánico es resultado de un sistema penitenciario en ruinas
En Colombia existen 134 centros penitenciarios con una capacidad
de albergar 80.156 reclusos/as; sin embargo, en la actualidad hay cer-
ca de 123.000 reclusos/as, que implica un hacinamiento del 53,45 por
ciento [2]. El 4,7 de la población carcelaria es mayor de 60 años, el 34,6
por ciento cumple penas menores a cinco años y el 29,5 por ciento
son apenas sindicados [3].
El hacinamiento carcelario, la falta de medicinas, de un adecuado
sistema de salud en las cárceles del país, entre otras falencias, hacen
extremadamente vulnerables a la población carcelaria frente al CO-
VID-19, situación que genera pánico en los presos y sus familias.
El sábado 21 de marzo en distintas cárceles del país los internos or-
ganizaron una protesta pacífica, que consistía en un cacerolazo para
que el Gobierno tomara medidas que previnieran el contagio del CO-
VID-19, donde solicitaban reivindicaciones básicas como desinfec-
tantes, tapabocas, guantes, deshacinamiento, entre otros.
Fue una Masacre, no un plan de fuga
Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad, adoptados desde el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, prevén que de conformidad con el Derecho Inter-
nacional, los Estados deberán adoptar medidas apropiadas y eficaces
para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de
libertad [4].
SOLUCION POLITICA
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