L
a Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos (ACNUDH) dio a conocer su Informe anual sobre
la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia [1];
dentro de sus recomendaciones exhortó al Estado a seguir
avanzando en la implementación integral de todos los pun-
tos del Acuerdo de Paz, además fue categórica al afirmar:
“La falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que per-
petúa ciclos de impunidad y violencia (…) además el Gobierno debe
identificar y atender integralmente las causas que generan la violen-
cia”.
El ACNUDH en el 2019 registró 36 masacres donde asesinaron 133
personas, la cifra más alta registrada desde 2014, siendo los departa-
mentos más afectados: Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
El 65 por ciento de los asesinatos corresponde a indígenas y líderes
comunales, entre ellos 13 de sus autoridades; cabe recalcar que un
86 por ciento de los casos se registraron en municipios empobreci-
dos y con ausencia total del Estado. El Comisionado Alberto Brunori,
manifestó su preocupación por el incremento de un 50 por ciento de
asesinatos a lideresas sociales.
La ACNUDH afirmó que, en acato de la jurisprudencia internacional,
la Jurisdicción Penal Militar no debería investigar, juzgar y sancio-
nar a los responsables de presuntas violaciones a los DDHH; estos ca-
sos deberían siempre mantenerse bajo la competencia de la justicia
ordinaria.
Escalada de amenazas y asesinatos contra opositores
Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabaja-
dores de la Educación (Fecode), denunció amenazas de muerte a la
Subdirectiva de Fecode en Sogamoso, Boyacá.
Orlando Castillo, líder afro y Coordinador y cofundador del Espacio
Humanitario Puente Nayero en Buenaventura; el 23 de enero sufrió
un atentado en el Barrio Kennedy, del cual salió ileso.
SOLUCION POLITICA
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