Revista Insurrección Insurrección 727 | Page 25

S egún la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los impuestos en Colombia equivalen al 19,8 por ciento del PIB, mientras que en América Latina son del 22,7 por ciento [1]; este es el argumento para que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con- sideren que la carga tributaria en Colombia debe aumentar. Alberto Carrasquilla, quien como Ministro de Hacienda el año pasado tramitó una Reforma Tributaria lesiva para los colombianos y bené- fica para los grandes empresarios, acatando a la OCDE, acaba de afir- mar que: “Este es un país que tiene una estructura tributaria de un país muy pobre, pero ya no somos un país muy pobre, somos un país de ingreso medio que está en expansión. Es necesario que el territorio colom- biano se adecúe a un pago de impuestos que vaya de acuerdo con la nueva realidad del mundo, lo que implicaría hacer una nueva Refor- ma Tributaria” [2]. El experto en economía y docente de la Universidad del Rosario, Gil Reyes, sostiene que “el verdadero problema de Colombia, es que des- de el Gobierno se ponen en marcha impuestos regresivos y privati- zan aquellas empresas públicas que son activos para todo el país. En otros países se pagan más impuestos, pero el problema está en la estructura impositiva del pago de impuestos en el territorio, no en el monto” [3]. Reglas fiscales sólo para los pobres La llamada Ley de Crecimiento Económico o de Reforma Tributaria, aprobada en diciembre pasado, no recaudará el dinero suficiente para cubrir el déficit fiscal, ni reactivará la economía; por el contrario dis- minuirá el recaudo, ya que reduce la tributación de las grandes em- presas por la vía de la reducción de las tarifas a la renta y la reduc- ción del IVA a las importaciones. Actualmente hay 229 deducciones, exenciones y descuentos, las cua- les han generado un déficit en el fisco de 60 billones de pesos anua- les; a los beneficios existentes se suman los beneficios tributarios de la Reforma Tributaria, que oscilan por los 7 billones de pesos [4]. DEBATES del CONFLICTO 25