L
a violencia selectiva contra líderes y lideresas sociales la
ejecutan por medio de asesinatos, difamaciones, amenazas,
atentados, desplazamientos, destierros y falsos positivos ju-
diciales; todos ellos para frenar la defensa de los derechos de
las comunidades.
Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2016 y 2019, 2.792 líderes
sociales, políticos, sindicalistas, ambientalistas y activistas comuna-
les han sido víctimas de agresiones [1].
En lo corrido del 2020 han asesinado 52 líderes sociales en 36 mu-
nicipios [2]; el exterminio se ha focalizado en líderes relacionados
con proyectos mineros, Programas de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito (PNIS) y Juntas Comunales. Por su parte, la Justicia Especial
para la Paz (JEP), plantea que el rol de la Inteligencia Militar ha sido
transcendental y determinante en los Crímenes de Estado y el exter-
minio a los líderes Sociales [3].
No cesan la persecución y los ataques
Comunidades del Parque Cordillera Picachos en el Meta, denuncia-
ron que miembros de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército estatal,
el 22 de febrero ametrallaron y gasearon habitantes de la vereda El
Tapir, dejando varias personas heridas y más de 40 detenidos [4].
La Corporación Jurídica Libertad (CJL), denunció que desde que soli-
citaron la exclusión del General Mario Montoya del Sistema de Justi-
cia Transicional, han sido objeto de seguimientos ilegales por miem-
bros de la Fuerza Pública [5].
El Congresista de la Oposición, Gustavo Petro, denunció que la vi-
vienda de su madre, fue asaltada sin que se presentara ningún robo.
Luis Ernesto Olave, líder afro y uno de los representantes del Comité
del Paro Cívico del Chocó; se vio obligado a abandonar su región por
las constantes amenazas de las que es objeto.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció
que nuevamente las Águilas Negras amenazaron a los líderes indíge-
nas Aida Quilcué y Feliciano Valencia.
SOLUCION POLITICA
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