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n 1993 a través de la Ley 100 surgió el Sistema General de
Pensiones (SGP), desde su creación ha sido deficiente en
materia de sostenibilidad, cobertura y equidad; pese a las 3
Reformas que ha sufrido, sus deficiencias no solo continúan
sino además han incrementado la desigualdad y la inequi-
dad pensional.
El SGP está compuesto por tres regímenes; el Régimen de Prima Me-
dia (RPM) de carácter estatal, el Régimen de Ahorro Individual Soli-
dario (RAIS) de carácter privado y el Régimen Especial (RE) que es
subsidiado por Presupuesto General de la Nación (PGN).
En el RPM la pensión equivale a un porcentaje del valor final del sa-
lario y recibe un subsidio estatal; mientras en el RAIS la pensión
corresponde a la suma del ahorro hecho por cada persona, más los
rendimientos por concepto de inversión de las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP).
Según el DANE en el 2019, el 87 por ciento de los afiliados al SGP te-
nían ingresos iguales o inferiores a los dos salarios mínimos [1]. El
SGP se caracteriza por brindar altos subsidios a las personas de ma-
yores ingresos, es decir los pobres financiamos las mega pensiones
que reciben los ricos.
¿A quién beneficia privatizar el Sistema Pensional?
Desde finales del año pasado el Gobierno tiene engavetada la Refor-
ma Pensional, que si bien no aumenta la edad para pensionarse, si
liquida el RPM y aumenta la tasa de cotización de forma gradual.
Recientemente la Ministra de Trabajo saliente, Alicia Arango, afirmó,
“es necesario cambiar el modelo de remuneración del trabajo en Co-
lombia, se equivocan quienes de plano se rehúsan a considerarlo” [2].
El argumento falaz del “auxilio de vejez” planteado por el Gobierno,
no es otra cosa que quitarle el subsidio que hasta hoy el Estado le
otorga a las pensiones, y que tan solo ha permitido que se pensionen
únicamente un 25 por ciento de los cotizantes de Pensión. Extender
este subsidio a la población mayor de 65 años, es reducir aún más el
porcentaje de población que logra jubilarse.
DEBATES del CONFLICTO
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