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os líderes y lideresas sociales cumplen un papel fundamental
en las transformaciones sociales que requieren las regiones y el
país en general; por tanto, su exterminio selectivo y sistemático
afecta a las comunidades. Además, su labor en la mayoría de los
casos es una respuesta a la ineficacia de las instituciones.
Según la filosofía analítica del poder, planteada por Michel Foucault, el
poder consiste en la conducción de conductas, en otras palabras, el po-
der no actúa sobre las personas, sino sobre sus acciones para inducir-
las o imponerles cosas. Por tanto, las relaciones de poder se vuelven de
dominación cuando son bloqueadas con técnicas que permiten domi-
nar la conducta de otros [1]. Desde esta perspectiva podríamos afirmar
que simbólicamente el asesinato de un líder o de una lideresa emite un
mensaje disciplinante sobre la sociedad en general, en la que se ejecuta
el principio de vigilar y castigar.
Derecho a defender los Derechos
El 10 de diciembre de 2019, varios líderes de organizaciones sociales y
defensores de Derechos Humanos (DDHH) instauraron una Acción de
Tutela ante el Tribunal de Bogotá, el derecho a defender los derechos;
exigían al Gobierno el cumplimiento de las garantías de seguridad para
los defensores de DDHH.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en su fallo afirmó que en
Colombia existe una preocupante situación de violación constante a los
derechos fundamentales de los líderes y las lideresas sociales, que el
Estado no ha logrado superar [2]; además exigió al Estado cumplir con
los compromisos adquiridos para la protección de los defensores y las
defensoras de DDHH.
El Estado niega los asesinatos y su sistematicidad
Fabricio Guariglia, director de la División de Enjuiciamiento de la Fisca-
lía de la Corte Penal Internacional (CPI), en 2017, cuestionó los nulos re-
sultados entregados por la Fiscalía General de la Nación y enfatizó, “no-
sotros necesitamos es información tangible y específica que demuestre
la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar
esos casos a la justicia” [3].
SOLUCION POLITICA
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