Revista Insurrección Insurrección 722 | страница 28

más la multinacional petrolera Amerisur, pretende despojar más del
70 por ciento del territorio de la etnia Siona de Buenavista.
Para proteger las multinacionales el Gobierno mantiene la milita-
rización con la Vigésima Séptima Brigada, entrenada directamente
por asesores de los EEUU, con la que conformaron la Fuerza de Ta-
rea del Sur y la Fuerza de Tarea Troyano Coreguaje; las que ejecutan
operaciones encubiertas a través de los narcoparamilitares, contra
comunidades y líderes que defienden el territorio y los Programas de
la Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Defensa del Territorio, Organización Social y Minga
En el Putumayo se configuran expresiones sociales y políticas alter-
nativas en defensa de la permanencia en el territorio, el desarrollo
social y la vida, tales como la Sociedad Civil del Putumayo, la Mesa
Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, la Baja Bota Cau-
cana y Cofanía, Jardines de Sucumbíos (Meros); organizaciones que
exigen al Gobierno la sustitución de cultivos de uso ilícito, la forma-
lización de tierras y el desarrollo social [6].
El deterioro ambiental a causa de la explotación irracional de la na-
turaleza, causa desastres como la avalancha que sacudió a Mocoa en
la madrugada del 1 de abril de 2017.
Asesinatos de líderes y depredación de la biodiversidad
La multinacional canadiense Gran Tierra Energy, dueña de 1,1 millón
de hectáreas de Títulos Mineros, al finalizar el 2018 perforó cuatro po-
zos en la frágil cuenca del Alto Putumayo, que contiene una reserva
de 6,1 millones de barriles de petróleo [3].
Entre Mocoa y San Francisco, en zonas de Resguardos Indígenas, el
Gobierno otorgó Títulos Mineros en 25.000 hectáreas a la británica
Anglo American (Sociedad Mocoa Ventures LTD), para explotación de
zinc, platino, plata, cobre, oro y materiales de construcción [4]. Ade-
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La Minga del Putumayo exige al Gobierno cumplir con titular 49.000
hectáreas de tierra para sus Resguardos, cesar la persecución y ase-
sinatos a los líderes sociales, reclaman 4,6 billones de pesos pactados
en acuerdos anteriores incumplidos; prohibir la explotación minero
energética de la Amazonía colombiana, especialmente el Fracking;
además, busca que se cumplan las medidas cautelares de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los pueblos in-
dígenas.
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[1] Culma Vargas, E. (2015). Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo. Bogotá: Centro Nacional
de Memoria Histórica. Páginas 113-114.
[2]https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/asesinan-a-gloria-ocampo-lider-social-de-
putumayo-449706
[3]https://www.semana.com/contenidos-editoriales/hidrocarburos-son-el-futuro/articulo/putumayo-clave-para-el-
futuro-petrolero-del-pais/590016
[4]https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/concesiones-mineras-en-alto-putumayo-ponen-en-peligro-la-
amazonia-216446
[5] https://vertov14.files.wordpress.com/2018/05/documento-tc3a9cnico-preparatorio-mia-putumayo.pdf
[6-7] https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/la-minga-indigena-de-putumayo-se-reactiva-en-medio-del-
paro-nacional/43954
DEBATES del CONFLICTO
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