Revista Insurrección Insurrección 721 | Page 27

B ojayá es uno de los municipios más empobrecidos de Co- lombia, ubicado en el Chocó, cuenta con 13.000 habitantes y 33 comunidades indígenas, de las cuales ninguna tiene ser- vicio de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica; el to- tal de su población no cuenta con servicio de agua potable; Edilfredo Machado, Alcalde Bojayá, afirmó que “el Estado solo apare- ce cuando hay una emergencia o una masacre” [1]. Los líderes comunitarios reclaman presencia del Estado con progra- mas de desarrollo social, cumplimiento de Acuerdos y continuidad del Proceso de Paz. Sin embargo, el Estado limita su acción a la mi- litarización del territorio; Leyner Palacios, uno de los líderes de este municipio, afirmó, “lo que necesita Bojayá es una propuesta produc- tiva”. Palacios, también considera que abrir nuevamente una Mesa de diá- logo con el ELN, es una oportunidad única para el país, de tal manera que se den muestras de compromiso y haya una paz completa y du- radera; además es necesario abrir la posibilidad de sometimiento de las estructuras paramilitares, como las denominadas AGC [2]. El General Del Río jodió todo con la Operación Génesis La Operación Génesis sumó tropas estatales y paramilitares en 1997, para despojar y desplazar a los afrocolombianos de sus territorios, con fin de facilitar la entrada y la expansión de las plantaciones de palma de aceite, en el norte del Departamento del Chocó. El 26 de diciembre de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Hu- manos (CIDH), en referencia a la Operación Génesis, responsabilizó al Estado colombiano por la violación del derecho de miles de personas afrocolombianas a no ser desplazadas forzadamente, y por la viola- ción del derecho a la vida y la integridad personal del civil Marino López Mena en 1997 [3]. Dos decenios después, el Gobierno prosigue sus operaciones conjun- tas entre Fuerzas Armadas estatales y narco paramilitares; Leyner Palacios, afirmó que: DEBATES del CONFLICTO 27