El Estado declaró la guerra a la sociedad
La Asociación Colombiana de Salud Pública, denunció el asesinato
de Carlos Cardona subgerente administrativo del hospital San Juan
de Dios en Ituango, Antioquia, el 2 enero.
Cristian David Caicedo, hijo de Edgar Caicedo, quien se desempeñó
como representante legal del Consejo Comunitario Guapi Abajo y ac-
tualmente es integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa de
Comunidades Negras por el Cauca; fue asesinado en Guapi el 3 de
enero.
Virginia Silva de 71 años, médica tradicional y líder del Resguardo
Indígena de Belalcázar en Páez, Cauca; fue asesinada el 7 de enero, en
su casa en la vereda El Canelo.
Mireya Hernández Guevara, ex tesorera de la Junta de Acción Comu-
nal (JAC) del barrio 20 de Julio; asesinada cuando llegaba a su casa
en Algeciras, Huila, el 7 de enero.
La Red de DDHH de Putumayo denunció el asesinato de Gloria Ocam-
po de 37 años, Secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda
La Estrella municipio de Puerto Guzmán, delegada de los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del PNIS, asesinada el 7
de enero.
Carlos Alonso Quintero Valencia, asesinado en su casa ubicada en
la vereda Caño Sábala, de Emilio Campaña, en la vereda El Mango y
Gentil Hernández también asesinado el 8 enero en el mismo munici-
pio.
Así mismo esta organización denunció el intento de asesinato de Ar-
turo Tovar Collazos, presidente la JAC de la vereda Buena Esperanza,
Puerto Guzmán, quien logró escapar de sus agresores.
Anuar Rojas Isaramá, agricultor y Guardia Indígena del Pueblo Em-
bera Dóbida, en Nuquí, Chocó; fue asesinado el 9 de enero, este hecho
ocasionó el desplazamiento de 123 indígenas.
SOLUCION POLITICA
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