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egún el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (IN-
DEPAZ), durante el Gobierno de Duque han asesinado 347 lí-
deres sociales, 234 de ellos en lo corrido del 2019. Para su di-
rector, Camilo González Posso, existe un patrón común entre
todos los asesinatos, “la inmensa mayoría son campesinos,
indígenas, afrodescendientes y sindicalistas que están defendiendo
derechos” [1].
Por su parte el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo,
afirmó “hay que detener el sistemático asesinato de los líderes so-
ciales; como Ministerio público le pedimos al Gobierno convocar a la
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de manera inmediata
y que se asegure su funcionamiento, pues la amenaza es latente y
hay que contenerla” [2].
José Miguel Vivanco director de Human Rights Watch (HRW) y la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también han
solicitado al Gobierno colombiano tomar medidas serias para frenar
los asesinatos de los líderes sociales [3].
Persecución sin tregua de Navidad
Lina Tabares, defensora de Derechos Humanos, ha denunciado tres
veces amenazas en este año y ha sobrevivió a dos atentados; Tabares
es testigo clave en el proceso jurídico donde están involucrados 34
miembros del Batallón Pichincha, por el Falso Positivo del indígena
Ómar Guasaquillo.
Jorge Iván Vélez, dirigente sindical y Coordinador de comunicacio-
nes del Comando Departamental del Paro Nacional; el 19 de diciem-
bre sufrió un atentado en Cali.
Milena Quiroz, vocera de la Comisión de Interlocución del sur de Bo-
lívar, centro y sur del Cesar, la Cumbre Agraria y representante le-
gal del Consejo comunitario negro Casimira Olave; fue víctima de un
atentado el 27 de diciembre cuando de desplazaba de Arenal, Bolívar
hasta Aguachica, Cesar. En el 2017, Quiroz junto a 22 personas fueron
víctimas de un falso positivo judicial, al ser acusados de desarrollar
movilización social; en las elecciones del 27 de octubre fue candidata
a la Alcaldía de Arenal.
SOLUCION POLITICA
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