E
l Comité Nacional de Paro ha insistido en una salida dia-
logada que permita acordar cambios básicos urgentes que
requiere el país, sin embargo el Gobierno ha hecho oídos
sordos y ha continuado con la aplicación de su política neo-
liberal, aprobó la anti social Reforma Tributaria y optó por
seguir dando trato de guerra a la protesta [1].
Ante la letalidad y criminalidad con la que actúa el Escuadrón Móvil
Anti Disturbios (ESMAD), ONG´s y académicos en Estados Unidos li-
derados por la Oficina en Washington para América Latina (WOLA),
pidieron al Departamento de Estado y al Congreso de EEUU ordenar
una moratoria a la venta de armamento antidisturbios a Colombia,
hasta que se cree una estructura con una cultura de respeto a los de-
rechos, además le solicitaron a Iván Duque dialogar con las organiza-
ciones y sindicatos convocantes al Paro Nacional [2].
Por su parte la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la
Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT), concluyeron que du-
rante las jornadas de Paro Nacional se evidenció la criminalización
de la protesta y un uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de
las autoridades [3].
Según la campaña Defender la Libertad, durante las movilizaciones
ciudadanas, las autoridades han realizado 1.138 detenciones, de las
cuales 57 fueron con fines de judicialización y 1.081 se dieron bajo la
figura de “traslado por protección”, violando el debido proceso y en 7
casos hubo tratos crueles, inhumanos o degradantes, en los cuales
hicieron uso de la desnudes forzada y de requisas invasivas por parte
de la Policía, igualmente se registran 4 víctimas fatales y más de 300
heridos, entre ellos 11 personas han sido afectadas en sus ojos.
La guerra contra la sociedad no se detiene
La política de Defensa y Seguridad anunciada por Duque, es el re-
ciclaje de la ya cuestionada Seguridad Democrática de la era Uribe
(2002-2010), busca controlar los territorios para abrirle paso a las em-
presas para que saqueen bienes naturales; para ello persisten en ata-
car las comunidades que se oponen ha dicho saqueo y que exigen el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
SOLUCION POLITICA
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