Nelly Osorno, Directora del Instituto Popular de Capacitación (IPC),
afirmó, “nos preocupa que se esté configurando un falso positivo judi-
cial, una acción orquestada por empresarios y administradores de las
fincas restituidas en retaliación de la Sentencia de la Corte Suprema
de Justicia” [3].
La empresa Carbones del Cerrejón pretende desalojar a 25 familias
indígenas del pueblo wayú, de un predio de 19 hectáreas de zona ver-
de alrededor del arroyo Bruno, considerado el último vivo de La Gua-
jira; además el líder Wayúu y defensor del arroyo Misael Socarrás, ha
manifestado amenazas en su contra.
Continua el extermino del liderazgo social
Emiliano Chocué, guardia indígena del resguardo de Chimborazo,
Morales, Cauca; fue asesinado el 18 de noviembre mientras realizaba
labores de registro y control, mientras que José Santos Tombé resul-
tó herido.
Walter Enrique Rodríguez de 48 años, Presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal (JAC) de la vereda San Miguel, Taraza, y miembro de
la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); el 19 de no-
viembre fue secuestrado en San Miguel y trasladado a la vereda La
Esmeralda, donde sus captores lo asesinaron.
Hernán Antonio Bermúdez, dirigente del Concejo Comunitario de
afrodescendientes El Eneal y líder de restitución de tierras en Rioha-
cha, en la zona de Pelechua; fue asesinado el 24 de noviembre.
Bernardo de Jesús Chancí, Presidente de la JAC de la vereda San
Agustín de Leones en Ituango, Antioquia, y apoyaba labores de sus-
titución de cultivos de uso ilícito; fue asesinado el 25 de noviembre.
Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles el 24 de noviembre
dispararon contra unos 400 campesinos integrantes de la Asocia-
ción Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor), que se oponían a la
erradicación forzada y le exigen al gobierno el cumplimiento del Plan
Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).
SOLUCION POLITICA
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