L
a respuesta del Gobierno a las multitudinarias movilizacio-
nes y diversas expresiones de protesta que siguen en el país
desde desde el 21 de noviembre, ha sido la represión, por me-
dio de la policía militarizada del Escuadrón Móvil Antidistur-
bios (ESMAD).
¿Quién ordenó el uso de la fuerza bruta?
Lorena Medina de la organización Defender la Libertad, manifestó que
desde que comenzaron las protestas estudiantiles, “se han contabili-
zado 14 agresiones a órganos blandos, de las cuales tres de ellas han
acabado con pérdidas de ojos” [1].
Los Senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, instauraron una de-
nuncia en la Fiscalía General de la Nación, contra el General Óscar
Atehortúa, Director de la Policía Nacional, el General Hoover Penilla,
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el General Jorge
Luis Vargas, Director del ESMAD, por el exceso de fuerza ejecutado por
el ESMAD [2].
Los senadores también denuncian, que se presentaron 831 casos de
retenciones a ciudadanos y otros 25 casos de personas heridas, sola-
mente entre el 21 y el 23 de noviembre.
Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, el asesinato de Dylan Cruz Medina se trató de un homicidio,
producido tras recibir un impacto en la cabeza con una munición Big
Bag lanzada por una escopeta calibre 12, por un miembro del ESMAD.
El soldado Brandon Cely Páez de 21 años, adscrito a la Brigada 13 del
Ejército Nacional, el 26 de noviembre a través de un vídeo declaró su
apoyo al Paro Nacional; tras recibir señalamientos de sus superiores,
amenazas de judicializarlo y matoneo de otros soldados, este soldado
se suicidó.
Cristian Camilo Caicedo, el pasado 27 de noviembre participaba de las
movilizaciones de Bogotá; en cercanías de la Calle 183 con Autopista
Norte los manifestantes pacíficos fueron atacados por el ESMAD, lo
que generó una estampida y Cristian cayó de un puente peatonal, ori-
ginándole un trauma cráneo encefálico.
SOLUCION POLITICA
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