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ayó el Ministro Botero y en su reemplazo colocaron al General
Navarro, jefe máximo de unas Fuerzas Militares que prosiguen
degradadas así entreguen la cabeza del Ministro cómplice.
El escritor Antonio Caballero alerta por “la realidad tremenda
de la corrupción moral de las Fuerzas Armadas de Colombia,
convertidas en protectoras de asesinos venidos de sus propias filas y
mandados por sus propios jefes”.
Los crímenes descubiertos a los militares comprenden el asesinato
selectivo de no combatientes, llámense líderes sociales como los 2 de
Jamundí y Flower Trompeta en Corinto; además incluye a ex comba-
tientes de las FARC como Dimar Torres; y también jóvenes como el que
mataron en Lizama.
En su guerra contra la sociedad el régimen criminaliza la protesta so-
cial, y usa a militares y policías para darle un trato de guerra.
Para cumplirle a Estados Unidos adelantan la fumigación aérea con
Glifosato, contra las comunidades que sobreviven con los cultivos de
uso ilícito.
Las órdenes que hunden en la degradación a las FFAA son doblar el
número de bajas, no hacer capturas, aliarse con bandas para sicariar
y con capos mafiosos como Gárgola; por esto atacaron en Puerto Rico,
Caquetá, contando con inteligencia humana que les confirmó que en-
tre los objetivos a bombardear estaban 8 menores de edad.
Los paramilitares asesinaron a la lideresa María del Pilar Hurtado, pero
el Ministro quemado acusó al ELN de ser el autor.
Cuando los ‘Mercaderes de la muerte’ perpetraron la masacre contra
la Comitiva de Karina García en Suárez, Cauca, también achacaron su
autoría a otros, luego se supo que 8 Policías ejecutaron este crimen
múltiple. Igual ocurrió con la masacre del Tarra, donde participó un
soldado del Batallón Guardia Presidencial.
La degradación que sufren la tropas del régimen viene agravándose
desde 1928, cuando masacraron a miles de trabajadores bananeros y
sus familias en Ciénaga, Magdalena. Matanza que 90 años después la
perpetran en toda Colombia, para defender intereses de los grandes
capitalistas nacionales y extranjeros.
La presión social que obligó al Ministro a renunciar, hará cambiar la
Doctrina Militar e impondrá la solución política del conflicto como ca-
mino de paz para Colombia.
EDITORIAL
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