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olombia es país más peligroso para la labor de los defenso-
res de derechos humanos, así concluyó el Análisis Global
2018 de Front Line Defenders, en el que estudió el asesinato
de 321 defensores, 39 por ciento de ellos se registraron en
Colombia con 126 casos.
Según el informe la criminalización a los líderes sociales y defenso-
res derechos humanos incrementó en un 63 por ciento, declarados
por la política de seguridad como amenaza y enfrentan cargos rela-
cionados con el terrorismo, en especial cuando denuncian la corrup-
ción o informan de las vulneraciones a sus derechos e injusticias por
parte de las empresas [2].
En lo corrido del 2019 el Genocidio Político ha cobrado la vida de más
de 155 personas con vocación de transformación social [3]; que movi-
lizan apoyos políticos y ciudadanos para que se garanticen los dere-
chos económicos, sociales y culturales a sus comunidades.
Uribe encabeza el linchamiento mediático
Desde el 5 de octubre el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez y su partida-
rios desarrollaron una campaña de difamación contra la Fundación
Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), al difundir piezas
del expediente, en el que la Fundación destinó recursos para la pro-
tección de la familia de Juan Guillermo Monsalve por las amenazas
y hostigamientos de las que fueron víctimas, por lo que les acusaron
de haber realizado sobornos, cuando la misma Corte reconoció la ac-
ción como una función propia del CSPP en el Programa Protección de
Testigos [4].
Las declaraciones del Defensor del Pueblo C. Negret al señalar que a
los “líderes sociales y defensores los asesinan por la minería ilegal y
el narcotráfico” [5], omiten y encubren la responsabilidad documenta-
da en diferentes informes de vulneración de derechos humanos, que
vincula a agentes estatales y paraestatales en respaldo a las empre-
sas extractoras de recursos naturales y mega proyectos, que afectan
directamente a los territorios de las comunidades indígenas, negras
y campesinas [6].
SOLUCION POLITICA
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