EULAT describe dos patrones que permiten que el asesinato de líde-
res se reproduzca:
1- La falta de reconocimiento de la labor de los defensores. Llamarlos
delincuentes, terroristas, amenazas para la seguridad o extremistas
es un claro desprestigio de su trabajo y abona el terreno para agredir-
los; la situación se complica aún más cuando son los propios manda-
tarios los que utilizan este tipo de lenguaje.
2- El uso indebido del sistema penal en contra de defensores de DDHH.
Esta criminalización debilita a todo el tejido social y a la comunidad.
Si tienen que concentrarse en un proceso penal o por proteger su li-
bertad, no pueden enfocarse en defender derechos ligados a la tierra,
al territorio o al medio ambiente.
EULAT pide a la UE exigir que se respete el derecho internacional en
cuanto a consultar a los pueblos antes de cualquier proyecto que los
afecte y no permitir que se descalifique la labor de los defensores [9].
Las víctimas de la persecución
Javier Córdoba Chaguendo, comunicador social. Fue asesinado el 18
de octubre, mientras laboraba en la Emisora Planeta Radio, en el co-
rregimiento Llorente de Tumaco, Nariño.
Tom Larrada Palacios miembro activo del movimiento indígena Na-
ción Wayúu, activista defensor de los derechos humanos y contra
de la corrupción. Desde el 2016 denunció que los líderes de Nación
Wayúu y sus familiares son objetos de amenazas, atentados y asesi-
natos; su hermano Ramón Larrada de 70 años, fue asesinado el 19 de
octubre.
Miguel Ceballos, dirigente campesino y tesorero de la Junta de Ac-
ción Comunal de San Isidro, vocero de Derechos Humanos y repre-
sentante de la restitución de tierras. Fue asesinado el 21 de octubre,
en su vivienda ubicada en zona rural del municipio La Montañita,
Caquetá.
SOLUCION POLITICA
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