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scogieron el viernes 11, el día del aniversario 32 del asesinato de
Jaime Pardo Leal, candidato del movimiento de izquierda Unión
Patriótica (UP) para atentar contra las sedes del Partido FARC,
del Partido Comunista y de la UP, movimientos comprometidos
con el Proceso de Paz, que siguen siendo objetivo militar de la
extrema derecha violenta.
Estos atentados y numerosos panfletos amenazantes lanzados en todos
los rincones del país llevan la firma de las llamadas Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC), amnistiadas por Uribe en 2005, pero rearmadas
luego como brazo del terror del régimen.
En 2017 el ex Fiscal General Gómez Méndez reconoció que: “El parami-
litarismo surgió cuando sectores sociales y agentes del Estado conside-
raron viable combatir a la guerrilla con métodos ilegales”. Si le dan con-
tinuidad a las AUC, esto marca una fase superior de contrainsurgencia.
La actual campaña de terror se agrega a las anteriores arremetidas contra
los líderes sociales y comunidades que se oponen a este Tercer Gobierno
de Uribe, con la que buscan hacer trizas el Proceso de Paz y desvertebrar
el acumulado político de los movimientos populares, expresado en parte,
en los más de ocho millones de votos en las elección presidenciales de
2018.
El régimen acuñó el término “chavismo” para aplicarlo a movimientos
populares de izquierda e incluso a partidos de centro, poniéndolos en la
picota pública del odio y la violencia narco paramilitar.
Después del 2016, el paramilitarismo se expandió a regiones donde ope-
raba las FARC, zonas ahora militarizadas, donde las comunidades y dife-
rentes movimientos sociales se sobreponen a la amenaza y el asesinato,
para continuar luchando contra la megaminería, la erradicación forzada
de cultivos y el despojo de tierras.
En ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Cali, ade-
más de la presión violenta que los paramilitares ejercen sobre el voto,
hay amenaza electoral por la compra de votos y otros refinados mecanis-
mos de fraude electoral.
Los movimientos populares pierden el miedo para movilizarse por sus
derechos, ejercen su libertad para decidir y construyen una fuerza alter-
nativa a los viejos partidos de la élite, que presiona por una salida políti-
ca del conflicto.
EDITORIAL
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