el Grupo Atlántico y con el José Pablo Díaz, entre 2000 y 2006, los
paramilitares penetraron instituciones públicas y cooptaron agentes
estatales con el “pacto de no agresión” hecho con las élites políticas
tradicionales de Barranquilla [5];
David Char reconoce que su relación con el Bloque Norte sirvió para
expandir y consolidar el paramilitarismo, aunque causó daños pro-
fundos a la sociedad en todos los niveles [6].
Incluir dinero de los paramilitares en las campañas electorales se
volvió costumbre, tal como lo hicieron los Alcaldes de Barranquilla
Humberto Caiaffa (2001-2003), Guillermo Hoenigsberg (2004-2007);
en Soledad la alcaldesa Astrid Barraza, a través de José Name, y los
Gerlein.
Los paramilitares financian campañas a cambio de captar recursos
públicos con empresas de fachada como ocurrió con Inversiones Los
Ángeles y la empresa Métodos y Sistemas; los senadores Mauricio
Pimiento, Álvaro Araujo y Dieb Maloof lideraban el entramado de la
parapolítica [7].
En ese pacto de poder paraestatal participaron agentes del aparato
de justicia y del Cpmgreso de la República, el jefe paramilitar Don
Antonio admitió los vínculos con Gabriel Turizo, director del Cuer-
po Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía del Atlántico y La
Guajira -de la época-; además de los nexos con los congresistas Pedro
Peñalosa, y Jorge Luis Caballero [8].
¿Hasta cuándo aguantará Barranquilla?
La desmovilización del Bloque Norte en 2006 no puso fin al parami-
litarismo en Barranquilla, prosiguió una trama de reconfiguraciones
en una línea de continuidad, así lo revela la Defensoría del Pueblo en
dos informes; en el Primero (2009) indica la proliferación de bandas
en zonas marginales [9], y el Segundo (2013) sobre el riesgo y viola-
ción de los DDHH a más de 5.000 pobladores de Barranquilla, y los
municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia [10].
DEBATES del CONFLICTO
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