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as últimas 7 décadas de la historia colombiana han estado
escritas por el conflicto interno; cuyos orígenes radican en la
desigualdad social y la exclusión política.
Álvaro Uribe durante su mandato (2002-2010) esgrimió como
Estado negar el conflicto armado interno, evadiendo las cau-
sas estructurales del origen del mismo y negándole el carácter polí-
tico a la insurgencia.
Ahora el Estado niega la Desaparición Forzada
Con la reforma a la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras y el Plan 002811 del 13 de marzo de 2019, pretenden legalizar
el despojo de tierras [1]; por un lado legitiman la tierra a los victima-
rios, y por otro lado libran a las FFAA de su responsabilidad en los
crímenes de Lesa Humanidad y las convierte en víctimas [2].
El Fiscal Jorge Sarmiento asegura que: “la Fiscalía ha encontrado a
algunas de las personas desaparecidas, y por las circunstancias en
que las hemos encontrado, la hipótesis ya no puede ser la Desapari-
ción Forzada” [3]. Por su parte el Instituto Nacional de Medicina Legal
reconoce que hubo errores en la entrega de los cuerpos, pero nunca
negaron la existencia de Desaparecidos Forzados [4].
La abogada de las víctimas del Palacio de Justicia, Jomary Ortegón,
afirma:
“La Corte ya había determinado que en realidad no se trató de malas
entregas o errores en la identificación, como sostiene hoy la Fiscalía,
sino de acciones deliberadas por parte de las autoridades militares
que tuvieron el manejo de la escena del crimen con el fin de desviar
las investigaciones” [5].
“Lo que la Fiscalía está diciendo no está basado ni en el expediente,
ni en evidencia técnica, ni en evidencia científica; sino en suposi-
ciones que, en cambio, sí desconocen lo que se logró probar a nivel
internacional y es que sí hubo Desaparición Forzada en el Palacio de
Justicia” [6].
SOLUCION POLITICA
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