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a intención es negar la existencia del Conflicto Interno y con
ello anular la necesidad de buscar una solución política, con
lo que justificarían la pacificación y sometimiento de la gue-
rrilla, manteniendo así al país dentro del plan de guerra que
dictan los gobernantes de los Estados Unidos.
Con el mismo propósito los seguidores de Uribe cambiaron el rumbo
del Centro de Memoria Histórica nombrando a un Director leal al plan
negacionista de la ultraderecha que está en el Gobierno.
Ahora desde la Fiscalía General niegan que las Fuerzas Militares rea-
lizaron Desapariciones Forzadas, durante la retoma del Palacio de
Justicia en 1985.
Dentro de esta Narrativa Marco incluyen un Artículo en la Ley de Ve-
teranos que obliga a dar espacio en el Museo Nacional de Memoria
del Conflicto, a las 296 mil víctimas que dicen tener las Fuerzas Ar-
madas.
La urgencia que tiene el Ejército para construir su narrativa sobre
la verdad del Conflicto obedece a que los militares están implicados
en múltiples casos de violación sistemática de los Derechos Huma-
nos y del Derecho Internacional Humanitario, por lo cual necesitan
acomodar una versión propia, en la que culparían a algunos de sus
integrantes como cortina de humo que ocultaría planes y campañas
de guerra sucia, que son ejecutorias de políticas, doctrina y planes
institucionales.
La clase dominante colombiana asumió la Doctrina de Seguridad Na-
cional dictada por los EEUU dentro de su batalla contra el comunis-
mo, que impuso al mundo 40 años de la llamada Guerra Fría.
Para el resto del mundo esa batalla contra el comunismo terminó
en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, pero Colombia sigue
siendo un fósil de la Guerra Fría, donde la élite gobernante clasifica
como Enemigo Interno a sus opositores y a quienes lideran la protes-
ta social; por esto los líderes sociales, defensores de Derechos Huma-
nos y del territorio siguen siendo un objetivo militar que el régimen
está eliminando.
EDITORIAL
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