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omo fue hace 200 años, hoy en día, a los indígenas los están
matando sin que exista ninguna condena a estos hechos y
se mantiene su estigmatización”. Concluye el Informe Na-
cional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas,
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el
9 de agosto pasado se declaró en Emergencia Humanitaria y exigió
“al Estado Colombiano que pare el desangre de los Pueblos Indígenas
que se configura en un Genocidio”.
Actualmente en Colombia subsisten 102 Pueblos Indígenas, 8 de ellos
están en aislamiento voluntario, mientras que 70 de estos se encuen-
tran en grave riesgo de exterminio físico y cultural, según la Corte
Constitucional 39 de estos pueblos étnicos afrontan un riesgo inmi-
nente de extinción.
En su Guerra contra la sociedad las élites se han centrado en des-
cabezar el liderazgo social que se opone a sus planes de extracción
acelerada de recursos naturales y al despojo del territorio.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han asesinado cerca
de 750 Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, de los
cuales 167 eran Líderes Indígenas; durante el Gobierno de Duque han
exterminado más de 230 Líderes Sociales, 55 excombatientes de las
FARC y 98 Líderes Indígenas.
La Asociación Americana de Juristas, organismo Consultor de la ONU
declaró que:
“Son graves los indicios de participación de grupos paramilitares y
algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
en los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Huma-
nos, defensores de LGBTI, indígenas y afrodescendientes... el Gobier-
no Colombiano no ataca el origen del problema y sostiene una políti-
ca que no tiene interés en atacarlo”.
EDITORIAL
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