P
ese a la masiva movilización realizada el pasado viernes 26
de julio en 110 ciudades de Colombia y del mundo contra
el asesinato de los líderes sociales, defensores de derechos
humanos y excombatientes, la matanza no se detiene, a
la vez que ratifica la falta de voluntad del Gobierno para
frenarla y castigar a los responsables.
Líderes ¿Enemigos del Estado?
La Organización Global Witness (GW) el pasado 30 de julio presen-
to un Informe titulado ¿Enemigos del Estado? [1]; en el que registran
una cifra de 164 defensores ambientales asesinados en el mundo
en el 2018, es decir tres por semana; donde ubica a Colombia por
tercera vez consecutiva entre los tres países más peligrosos para
ejercer esta labor.
Los Gobiernos y las empresas, según GW, además de los ataques
físicos letales, utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para si-
lenciar a quienes amenazan sus intereses. De acuerdo al Informe,
en el 2018 los sectores que más sufrieron ataques son los que se
oponen a la industria de la minería y el extractivismo (43 casos), la
agroindustria (21 casos) y las hidroeléctricas (17 casos).
El informe entrega tres recomendaciones para garantizar el trabajo
de los ambientalistas:
1. Combatir las causas estructurales: Implica combatir la corrup-
ción y la impunidad, además de garantizar y respetar los dere-
chos de las comunidades afectadas.
2. Apoyar y proteger: Las empresas y los Gobiernos deben reco-
nocer públicamente el importante papel de las personas de-
fensoras, abogar y responsabilizarse por su protección de ma-
nera efectiva y oportuna.
Solución Política
Revista Insurrección / Página 9