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urante décadas la política antidrogas norteamericana y por
ende la colombiana se ha basado en el uso de la fuerza, em-
pleando la erradicación forzada a través de fumigación por
aspersión aérea con Glifosato; Sin embargo, esta política ha
sido un rotundo fracaso, según la ONU la producción mundial
de cocaína aumento un 25 por ciento y el 70 por ciento de la cocaína
de alta pureza se produjo en Colombia [1].
En los Acuerdos de Paz con la FARC el Estado colombiano se compro-
metido a desarrollar un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito,
sin embargo el Gobierno no ha cumplido los Acuerdos dejando en el
limbo el futuro de las casi 100.000 familias.
El más reciente informe de la ONU se evidencia una serie de incumpli-
mientos por parte del Gobierno, ninguna de las 99.097 familias inscri-
tas en el programa ha recibido la totalidad de los pagos acordados, y
40.000 de estas aún no reciben el primer pago [2].
Glifosato como herramienta geopolítica
El debate sobre el uso del glifosato como herramienta de la política an-
tidrogas colombiana nunca ha sido una discusión eminentemente am-
biental o de salud pública, por el contrario siempre ha estado enmarca-
da como un componente transversal del complejo tablero geopolítico,
que gira entorno a los intereses imperialistas de Trump y los EEUU.
El glifosato no debe ser usado como un arma de presión internacional;
levantar la prohibición de su uso es una equivocación que iría en contra
de la evidencia científica sobre sus daños a la salud y al ambiente; el
Gobierno debería considerar que sus ciudadanos merecen protección
y por ende no obviar la evidencia científica que ha demostrado que el
glifosato causa problemas de salud.
El Estado tiene una responsabilidad ética, si existe alguna posibilidad de
que la fumigación dañe la salud de sus compatriotas su uso debe prohi-
Debates del Conflicto
Revista Insurrección / Página 19