En los últimos dos meses han perpetrado 7 masacres; la de Llano
Verde, en el Distrito de Aguablanca en Cali, el 11 de agosto
en medio del cañaduzal encontraron sin vida y con signos de
tortura a los adolescentes: Josman Paul Cruz de 16 años, Lieder
Cárdenas de 16 años, Luis Fernando Montaño de 15 años, Álvaro
José Caicedo de 15 años y Jair Cortes Castro de 14 años.
En Llano Verde un 80 por ciento de los habitantes son víctimas de
desplazamiento forzado de la costa pacífica; los familiares de los adolescentes
asesinados, afirman que vieron huir del lugar de la masacre
a dos policías y a un vigilante de la plantación de caña de azúcar [1].
Antes, el 10 de agosto narco paramilitares asesinaron a los menores
Cristián Caicedo de 12 años y Maicol Ibarra de 17, cuando se desplazaban
a entregar sus tareas escolares en el colegio de Leiva, Nariño.
El Arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve afirmó: “el más infame
genocidio en Colombia ha sido el asesinato de ‘limpieza social o
muertes ecológicas’, cuyas cifras son espeluznantes. ‘Con esas generaciones,
no queda sino matarlos. Obispo, no pierda tiempo con esos
muchachos’. ¿Quiénes están detrás de la masacre juvenil en Cali?” [2].
Empresarios que perpetran desplazamientos,
hacen limpieza social y política
En el libro Justicia Transicional y Responsabilidad Corporativa publicado
por la Universidad de Oxford, afirma que 439 empresas colombianas
(deshonroso segundo lugar en el mundo) han sido reportadas
ante los tribunales, sindicadas de participar directamente en la
creación y financiación de grupos paramilitares, para beneficiarse de
su accionar [3].
Laura Bernal, docente de derecho de la Universidad Javeriana y coautora
de la investigación de la Universidad de Oxford, afirma que “hay
que entender que haber participado de desplazamiento no es solo cometer
el acto de desplazar con armas, impedir el retorno también es
desplazar” [4].
SOLUCIÓN POLÍTICA 15