Caracol Radio: ¿ustedes reconocen a personas como Francisco
Galán y Felipe Torres como mediadores válidos para hablar con
ustedes?
PB: ellos han dejado de ser del ELN por voluntad propia, ahora el
Gobierno los excarcela y los coloca en un trabajo de Promotores
de Paz, nosotros no somos los indicados para decirle al Gobierno si los
nombra como sus representantes.
Lo principal es que el Gobierno nombre sus representantes para que podamos
acordar un Cese Bilateral, para cuando se acabe este Cese Unilateral
-que hemos decretado-, poder engancharlo con éste a finales de abril.
Lo importante es la decisión política del Gobierno de dialogar y sentarse
en la mesa.
CR: el Comisionado de Paz envió un mensaje a ustedes para que “no cierren
las puertas de la paz”, ¿están abiertas esas puertas?, ¿quién las está
cerrando, ustedes o el Gobierno?
PB: nosotros dijimos, hay una situación de Coronavirus muy grave, un
llamado del Papa y del Secretario General de la ONU a un Alto al Fuego
global e inmediato, al que respondimos y esperamos que se valore como
una decisión humanitaria, y como un gesto para llamar al Gobierno para
que entre a ese Alto al Fuego; esta es la urgencia del momento, además
sirve para una reanudación de Conversaciones, eso depende la voluntad
política del Gobierno, nosotros la tenemos.
CR: ustedes en Cuba permanecen bajo el auspicio y protección del Gobierno
cubano, sin embargo, el Gobierno colombiano ha pedido la extradición,
¿qué dice el Gobierno cubano frente a esto?, ¿la presencia de
ustedes en la isla la va a mantener indefinidamente?
PB: nosotros estamos acá porque hubo una solicitud del Gobierno de Santos,
para que Cuba sirviera como sede de las sesiones de la Mesa de conversaciones
en 2018, cuando terminó ese Gobierno y llegó el de Duque,
éste dijo “voy a examinar cómo se sigue”, pero en enero del año pasado
dijo no sigo y le pido al Gobierno de Cuba que “me entregue la cabeza de
los que están allá”.
Resulta que hay un acuerdo llamado Protocolo de ruptura y retorno, por el
cual el Estado colombiano está en la obligación de garantizar el regreso
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