El SGS agoniza por falta de presupuesto, por estar malherido
por la corrupción y sobre todo porque da prelación a las ganancias
de los dueños de las Empresas Promotoras de Salud
(EPS), en vez de procurar el beneficio de los pacientes.
El padre de todos los males
El Sistema de Salud Pública cambió de manera trágica en 1993, cuando
Álvaro Uribe impuso la Ley 100, que lo convirtió en el Sistema de
Seguridad Social en Salud, con la que quebraron los hospitales públicos
y entregaron el SGS a empresarios privados, desde entonces el
Estado se limita a consignarle a estos negociantes los aportes económicos
por cada ciudadano afiliado, sin ejercer seguimiento y control a
la atención que prestan.
El llamado Plan Obligatorio de Salud (POS) es la herramienta perfecta
para que los empresarios maximicen sus ganancias, ya que les permite
dar medicamentos de baja efectividad terapéutica, minimizar la
cantidad de tratamientos especializados, además de permitirles burlar
la urgencia que demanda la atención médica, entre otros.
El Decreto 583 de 2016 legaliza la Tercerización Laboral en todos los
sectores de la economía, que permite a las empresas deshacerse de
responsabilidades propias de la relación laboral; a su amparo nacieron
la Orden de Prestación de Servicios (OPS) y las Cooperativas Laborales
que subcontratan, con lo que suprimen derechos a los trabajadores
como afiliarse a un Sindicato, tener Pensión, Seguridad Laboral
y Caja de Compensación Familiar, entre otros.
La privatización de la salud dio origen en 1994 a las Aseguradoras
de Riesgos Laborales (ARL), que son empresas privadas encargadas
de prevenir y proteger de enfermedades y accidentes laborales; cabe
agregar que los trabajadores con contratación laboral aportan a la
ARL el 8,7 por ciento del salario, mientras los Tercerizados y los de
OPS deben pagar el 100 por ciento. Por ejemplo, las ARL deben dotar
los tapabocas N-95, guantes estériles, batas desechables, máscaras
protectoras, entre otras, a los profesionales de la salud.
DEBATES del CONFLICTO 25