El Gobierno expidió de manera tardía y limitada el 14 de abril el
Decreto 546 de 2020, como mecanismo para deshacinar las cárceles;
sin embargo, vía Decreto no logra remediar décadas de orfandad
estatal; desde luego el COVID-19 arribó a los centros penitenciarios
en Villavicencio y Bogotá, lo que ocasiona protestas
de los reclusos y de los guardias penitenciarios, además algunos reclusos
inician una huelga de hambre [1].
Después del linchamiento a las protestas desarrolladas en varias cárceles
el pasado 21 de marzo, continúa la represión a todas las movilizaciones
que está realizando la población carcelaria.
El ELN cumple el Cese Unilateral Activo (CUA)
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en su segundo
Informe del monitoreo al Cese al Fuego del ELN que cubre del 9 al 15 de
abril, afirma que desde hace un mes no se han registrado acciones ofensivas
atribuidas al ELN; además se ha registrado un cumplimiento total del
Cese durante los últimos quince días en las zonas de presencia del ELN [2].
Según el Cerac en lo corrido del Cese se registró un combate entre esta
guerrilla y el Clan del Golfo en el Chocó en el que no hubo víctimas; este
hecho no es considerado como una violación al Cese al Fuego. La Comisión
de Paz del Congreso de la República realizó una reunión virtual en
la cual diversos sectores y comunidades, analizaron el Cese Unilateral del
ELN y ratificaron el Informe del Cerac.
Erradicación forzada sin importar las garantías sanitarias
Desde que inició la cuarentena obligatoria el pasado 25 de marzo hasta la
fecha, la Fuerza Pública no sólo ha continuado la erradicación forzada de
cultivos de uso ilícito, sino que ha intensificado dichas acciones en Putumayo,
Caquetá, el sur de Córdoba, Chocó, Catatumbo, Bajo Cauca y Nariño;
sin importar el riesgo de propagación del COVID-19 que traen estas operaciones.
A la exigencia de las comunidades de parar la erradicación forzada durante
la pandemia, para garantizar los derechos a la vida, la salud y la
seguridad alimentaria; el Ministerio de Defensa escuda su accionar irresponsable
en la denominada “misión constitucional y legal” [3].
SOLUCION POLITICA 17