El asesinato de líderes políticos y sociales no es nuevo en Colombia,
durante decenios el Estado ha reprimido, amedrentado
y exterminado sistemáticamente de manera “legal” e
ilegal a líderes sociales, defensores de DDHH, periodistas,
políticos y todo aquel que sea opositor o que simplemente
no comparta las políticas del régimen.
El Gobierno, el 17 de marzo a través del Decreto 417 declaró la Emergencia
Social y Económica, y el 25 de marzo decretó la Cuarentena
Obligatoria y el Aislamiento Preventivo para de evitar la propagación
del COVID-19; sin embargo, en ninguno de los 72 Decretos expedidos
durante la Emergencia el Gobierno dicta medidas especiales para
salvaguardar a los líderes sociales y ex combatientes.
Pese al aislamiento preventivo obligatorio, las acciones violentas
contra los líderes no paran; según la Fundación Paz y Reconciliación
(Pares) en los días que lleva la Emergencia decretada por el Gobierno,
han sido asesinados 9 líderes sociales y 7 ex combatientes [1].
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional,
en referencia a la protección de los líderes sociales en época
de pandemia, dijo: “las autoridades colombianas no pueden dejar que
las personas defensoras sufran ataques y amenazas. El Estado debe
mantener sus esquemas de protección otorgados y debe generar estrategias
de protección colectiva para comunidades en situaciones
de riesgo, a la par que implementa medidas preventivas para contener
el COVID-19” [2].
La persecución es peor peste que el Coronavirus
En medio de la cuarentena las acciones sistemáticas de insulto, amenaza,
miedo y violencia contra la población no se detienen.
Oscar Barragán Bacca, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo
(ASCAMCAT) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de
Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y Yeison Arciniegas ex combatiente
en Proceso de Reincorporación; el pasado 5 de abril al ser
requeridos en un puesto de control del Ejército en Sardinata, Norte de
Santander, fueron víctimas de un Falso Positivo Judicial al ser sindicados
de pertenecer al Ejército Popular de Liberación (EPL).
SOLUCION POLITICA 13