E
l mundo está viviendo una situación sin precedentes a cau-
sa del COVID-19, Colombia no es la excepción y afronta una
crisis a todo nivel, para afrontarla el Gobierno ha tomado
medidas insuficientes, en ocasiones tardías; además se cen-
tra en proteger a los empresarios y el gran capital, y no be-
neficiar realmente a las mayorías nacionales.
Un Estado a la medida de los intereses
de los ricos y poderosos
La emergencia declarada a raíz del COVID-19 hizo más evidente las
fallas y falencias en las políticas estatales, especialmente en la asis-
tencia social; además de las carencias en materia de investigación y
el desarrollo de una política pública de salud que se base en la pre-
vención.
Con la privatización del Sistema General de Salud en 1993 –Ley 100–,
le cambiaron el enfoque social y le dieron prelación al lucro; el sis-
tema de salud colombiano es ineficiente, no es fortuito que el 80 por
ciento de los afiliados estén insatisfechos con el servicio.
El Gobierno no está dando prelación a atender las necesidades la
población más vulnerable, como los desempleados, los trabajadores
informales, entre otros; según el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) la población desocupada supera los 3
millones, mientras el trabajo informal asciende al 49 por ciento, con
6,2 millones de trabajadores informales [1].
La presión social obligó al Gobierno a asignar subsidios para la pobla-
ción vulnerable; sin embargo, estos no son más que placebos que no
resuelven la situación de fondo que requiere medidas estructurales.
Por otro lado, las medidas adoptadas por Duque no protegen ade-
cuadamente a la población asalariada. Paradójicamente blinda a las
grandes empresas inyectándoles capital, mientras atiende menos a
las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), que representan
el 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y generan el 80 por
ciento del empleo.
DEBATES del CONFLICTO
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