Revista Foro Ecuménico Social Número 6. 2009 | Page 14
Crisis y solidaridad
Deben crear
las instancias
para regular
el sistema, mediante
leyes adecuadas y una
administración de
la justicia idónea
y eficiente, para
evitar que la sociedad
se torne un “todos
contra todos”.
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que todo los seres humanos son iguales y tienen derecho a recibir o merecer
lo mismo, más allá de que los bienes de
producción son propiedad común y por
lo tanto administrados por el Estado.
El egoísmo individualista presente en
todo ser humano, nos guste o no, hizo
no solo que ni los propios funcionarios
de tales regímenes pudieran cumplir con
dichas premisas ideales, sino que finalmente el sistema se demostrara insostenible o, digamos, solamente sostenible
por la fuerza. Es muy difícil querer imponer un sistema que va a contrapelo de las inclinaciones naturales del
ser humano. De hecho la imposición por la fuerza de tal sistema trajo mucho derramamiento de sangre y miseria.
En las antípodas, los sistemas económicos así llamados capitalistas se montan en
la inclinación egoísta del ser humano,
aprovechando su ansia de libre determinación, de búsqueda de poder y por
tanto su espíritu de competencia y demás ambiciones como incentivos para la
producción, los negocios, el consumo y
el así llamado progreso, en una palabra,
como móvil de la sociedad y de la economía. Desafortunadamente este sistema, a pesar de las virtudes que tiene
en cuanto al aprovechamiento de todo
el potencial e inventiva del varón y de
la mujer, debe crear las instancias necesarias para regular de tal manera el sistema, mediante leyes adecuadas y una
administración de la justicia idónea y
eficiente, para evitar que finalmente la
vida en esa sociedad se torne un “todos
contra todos”, una explotación de los
unos por los otros o la total exclusión
de franjas enteras de la sociedad.
Lo estamos observando y sufriendo,
por lo menos en nuestro país, con secuelas como por ejemplo la inseguridad,
en un país que alguna vez incluso presumió de no alinearse ni con el socialismo ni con el capitalismo, sino que procuraba la búsqueda de un tercer camino.
Cuando esto ocurre es porque faltan o
son deficientes las instancias reguladoras, hay ausencia de justicia; no solo las
instancias que la deben impartir son ineficientes, sino también aquellas que deben establecer los criterios para que se
pueda impartir.
La lucha entre el gobierno y las agrupaciones representantes de la producción agropecuaria es un ejemplo de una
lucha por dicha justicia, independientemente del hecho de si está bien o mal
encarada dicha lucha en sí. Obviamente
sería deseable que se encontrara una solución a este asunto, que sea justa para
todos los involucrados y justa para todo
el país. Reconozco que encontrar una
salida verdaderamente justa a este problema no es fácil cuando intervienen en
ella cuestiones interdependientes que
tienen que ver con la “mayordomía” del
gasto público y el manejo de la deuda
externa, la sustentabilidad de la empresa agroproductora, la sustentabilidad
de la industria de la maquinaria agrícola, el suministro de alimento al pueblo
de nuestro país a precio razonable, la exportación de excedentes, los precios internacionales de estos, la ocupación, el
desarrollo regional, la inversión para zonas subdesarrolladas, transportes, etc.
En un problema de esta envergadura no
se puede lograr una solución justa como
por arte de magia ni con medidas autocráticas. Su obtención demandará diálogo entre muchas partes, investigación
estadística, análisis de impacto, planificación a largo plazo, etc.
Pero para que un proceso de diálogo
y estudio semejante pueda redundar en
un resultado positivo, es decir que convenga a todos y todas y así favorezca una