sí, existen al menos dos asignaturas que versan sobre la expresión); pero, como decía antes, el debate como metodología no solo enseña a una expresión verbal adecuada a la gramática, por ejemplo, sino que conlleva también el aprendizaje de estructuras de razonamiento (y creo que los docentes de las materias relacionadas con la filosofía podrán dar cuenta de la dificultad que entraña enseñar a pensar y que, en efecto, ocupa más de media hora a la semana), modelos de argumentación, conceptos epistemológicos, un profundo dominio de la retórica y otras tantas disciplinas que alargarían la lista incansablemente. Para continuar, porque en lugar de reforzar el conocimiento y desarrollo de otras materias y competencias se ven mermados, como es el caso de la propia materia de Lengua y Literatura para la impartición de “oratoria” en media hora, frente a asignaturas como “religión” que se mantienen e incluso aumentan su carga lectiva. Para terminar, porque incluso aunque se tuvieran dichos conocimientos, el debate y la oratoria en la educación constituyen una metodología, no un deporte de competición, y sobre el debate como metodología no solo no se ha tratado, sino que no se incluye ni como planificación ni como formación. Tal y como se plantea, quizás coincidamos en la siguiente conclusión: parece consistir en una formación excesivamente superficial y básica que carece de criterios, que parece servir más a intereses ideológicos y/o empresariales que a intereses educativos para la sociedad y para nuestras hijas y nuestros hijos, la futura ciudadanía.
ideológicos y/o empresariales que a intereses educativos para la sociedad y para nuestras hijas y nuestros hijos, la futura ciudadanía.
Ante esta problemática, la solución que se plantea por parte del portavoz del PP, Miguel Ángel Ruiz, es que la formación se imparta desde la institución pública, apoyado por Imbroda (de C's). Pero, ¿quién va a juzgar quiénes están preparados para dar dicha formación? Su criterio, hasta ahora, no parece haber sido el más acertado.
Pero sí existe una fundación, que él mismo ha dirigido (se trata de la Cánovas Fundación), que dice saber hacerlo; ¿será, entonces, este (y todos los acreditados por dicha fundación) el equipo formativo, que pasará a formar parte de la institución pública? Porque no existe precedente ni personal cualificado en la actualidad para decidir quiénes tienen la legitimidad para impartir dicha formación metodológica, y de esto no hay mejores pruebas que sus palabras y, sobre todo, que sus hechos. ¿Quiénes impartirán la formación que dicho diputado dice que los docentes ya conocen y que no necesitan de planificación porque ya saben hacerlo? ¿Cómo va a garantizarse que la ideología política y religiosa no influya en la formación de nuestras hijas y nuestros hijos, como ya ha ocurrido? Y, por último, ¿qué pasará con aquellos que no sepan hacerlo? ¿Serán sancionados? ¿Se ofertará un torneo de debate autonómico organizado por dicha fundación financiado con las arcas públicas? No parecen ser las mejores alternativas ni las mejores soluciones para un equipo docente sediento de innovación
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