Mientras Brasil avanza con un marco regulatorio para el biocombustible de nueva generación, en Argentina todavía se discuten las reglas de juego de la fase primitiva de la actividad. En un contexto de estancamiento, el Senado nacional arrancó la disputa por el diseño a futuro del negocio del bioetanol y el biodiesel.
“Estamos discutiendo la versión analógica cuando en Brasil se discute la digital”, ejemplificó Juan Facciano, directivo de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y de Essential Energy, el grupo que construye junto a YPF la primera biorrefinería de diesel (HVO) y combustible sustentable para aviación (SAF) en el país.
Brasil reglamentó en los últimos días el programa nacional de SAF, creado por la ley de “combustible del futuro”. Fija, entre otras cosas, metas de reducción de emisiones para la aviación doméstica, que comienzan en el 2027. A esta etapa llegó el país vecino luego de un largo y constante recorrido en bioeconomía. El corte obligatorio de combustibles fósiles con biodiesel es hoy del 17% y, con bioetanol, del 32%. En Argentina, del 7,5% y 12%, respectivamente. Hace quince años ambos países producían el mismo volumen de energía elaborada en base a aceite de soja, cercano a 1,5 millones de toneladas. Hoy, del otro lado de la frontera el nivel saltó a 10 millones de toneladas. De este lado, bajó.
El del biodiesel es el caso más emblemático de esta curva. Tras llegar al máximo en 2017, con 2,8 millones de toneladas, la producción local inició un declive que la llevó al piso de 830 mil toneladas en 2023, año de una sequía histórica. El rebote posterior, indica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, encontró un techo en el orden del millón de toneladas. Significa un 75% de capacidad ociosa en una industria capaz de elaborar 3,8 millones de toneladas por año, según subrayaron los economistas Bruno Ferrari, Matías Contardi y Julio Calzada.
La industria de biodiesel funciona en Argentina con un sistema dual. Hay empresas que abastecen exclusivamente el mercado doméstico de acuerdo a la tasa de corte con gasoil establecida por el gobierno y, firmas integradas que solo están habilitadas para exportar. Estas últimas son mayoritariamente aceiteras, a su vez proveedoras de materia prima a las pymes.
Las ventas totales del sector fueron de 703.304 toneladas en 2025, pero sólo se exportaron 273.386 toneladas, el volumen más bajo desde 2008. El endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado externo elevó el interés por el interno y, en consecuencia, el reclamo de las aceiteras para acceder al mismo.
La curva productiva no está disociada de la historia del marco legal. El negocio del bio nació al amparo de la ley 26.093, sancionada en 2006. El régimen fomentó inversiones superiores a los u$s 2.500 millones en la industria del biodiesel y posicionó al país como líder en exportaciones. En 2021 esas reglas fueron reemplazadas por las de la ley 27.640, que implicaron un retroceso. Por caso, el corte obligatorio pasó del 10% al 5%, aunque luego subió al 7,5% por una crisis de abastecimiento.
Si bien en los últimos años se presentaron diferentes proyectos de ley, la discusión se aceleró en 2026 con el texto de la senadora oficialista Patricia Bullrich.
La iniciativa propone desregular, habilitando licitaciones en un mercado electrónico único, y fijar un techo de precios equivalente a la paridad de importación. También, elevar los mandatos. En el caso del biodiesel, pasaría de 7,5% a 10% (B10) en un plazo de doce meses. Para el bioetanol, fija un piso del 15% y flexibiliza, para el incremental de tres puntos, el esquema que dividía en partes iguales el aporte entre la caña de azúcar y el maíz.
Un B10 elevaría a 1,3 millones de toneladas el volumen demandado por el mercado interno de biodiesel, como mínimo. Pero el proyecto de Bullrich activa al mismo tiempo la puja por esa demanda, con su plan de migrar del actual sistema de cupos hacia un mercado más flexible. El objetivo es que, en 2030, se garanticen tres puntos del corte obligatorio a las empresas no integradas y los otros 7 se negocien en el mercado libre.
En ese momento, las mezcladoras que realizan coprocesamiento también podrán capturar hasta tres puntos porcentuales. Las puertas del negocio se abrirán así a las petroleras. En sintonía, habilita la importación de biocombustibles para mezclas superiores al corte.
A principios de junio, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, junto a la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, convocaron a una reunión para analizar las cinco propuestas presentadas para modificar la ley actual.
En los hechos, las posturas orbitaron alrededor del proyecto oficialista. Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, rechazó las propuestas de otros textos para duplicar el corte. Dijo que eso provocaría un aumento del precio del gasoil.
Las petroleras exhiben un reporte de la consultora Economía & Energía, que calculó en u$s 6.500 millones el costo fiscal acumulado por el régimen de biocombustibles desde 2010. Esto sería por la menor recaudación por derechos de exportación sobre el aceite que se deja de exportar y, en menor medida, por la exención sobre los impuestos a los combustibles.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) negó que los derechos diferenciales de exportación sean subsidios. Por el contrario, afirmó que son impuestos que “reducen la competitividad exportadora”.
La entidad que agrupa a las grandes firmas del complejo oleaginoso se alineó con Bullrich, que les abre las puertas del corte obligatorio. Ciara recordó que la ley de biocombustibles de 2006 tenía entre sus objetivos fortalecer la competitividad del sector. Y denunció que “la falta de integración productiva de parte de algunas plantas contradice el espíritu inicial de aquella normativa”.
En esta pulseada con las no integradas, las aceiteras tiraron su carrocería. Recordaron que producen alrededor de 8,5 millones de toneladas de aceite de soja por año, mientras que las pymes elaboradoras de biodiésel consumen cerca de 650.000. “Con un mes y medio de producción se cubre todo el consumo anual de ese segmento”, sostuvieron.
Gustavo Idigoras, su presidente, recordó que por la prohibición de vender al mercado interno, el 90% de la capacidad instalada hoy en Santa Fe está sin uso.
Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que, si se aprueban las modificaciones, quebrarán 25 pymes y se concentrará toda la producción para el mercado interno en 6 ó 7 aceiteras.
El presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Marcelo Kusznierz, advirtió que muchas de las pymes en riesgo están radicadas en pequeñas localidades de la provincia, donde generan empleo y agregado de valor. Y reclamó condiciones de competencia para las empresas que no controlan la materia prima y dependen del precio fijado por las integradas.
Facciano, también directivo de Casfer, pidió “agrandar la torta” y considerar a los biocombustibles como una herramienta de política de Estado para contribuir a la diversificación de la matriz energética. “Muy pocos países tienen las condiciones de Argentina. Tenés el NOA y Santa Fe con bioetanol de azúcar y maíz y biodiesel en Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis”, describió. Un aumento del corte iría en esa dirección. Kusznierz aseguró que “la factibilidad técnica está demostrada y podría llevarse al 20%”.
El sector se alineó con el gobierno de Santa Fe, que propuso cinco modificaciones al plan oficialista. La primera es elevar el corte a B15, con la posibilidad de avanzar hasta el 20%. También quiere reservar un 40% del mercado para productores independientes, mediante licitaciones transparentes; limitar la discrecionalidad para reducir la mezcla; incorporar incentivos para combustibles de nueva generación y garantizar reglas de competencia en el acceso a materias primas, como aceite de soja y metanol. La provincia concentra el 58% de la producción nacional de biodiesel.
También juega en el bioetanol. De hecho, aspira a ser elegida por Agricultores Federados Argentinos (AFA) para radicar una planta de procesamiento de maíz que demandará una inversión de u$s 150 millones. La cooperativa condicionó el plan al cambio de regulación. Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, explicó por qué el sector considera agotado el marco actual. “Estamos atrapados en un sistema de cupos que desalienta inversiones y limita la participación de nuevos actores”, dijo.
Del otro lado del alambrado, las petroleras pujan para entrar al negocio por primera vez en veinte años. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), afirmó que está listo para invertir en biocombustibles si el Congreso aprueba la reforma. El coprocesamiento que promueve el oficialismo permite a las refinadoras incorporar materia vegetal sin producir biodiesel en sentido estricto, pero que computaría dentro del corte obligatorio.
Bulgheroni estuvo hace pocos días en la localidad santafesina de San Agustín, donde compartió un acto con el gobernador Maximiliano Pullaro. Allí declaró al medio especializado EconoJournal que no busca competir en el mercado local sino construir alianzas con actores del sector para llegar a Europa y Estados Unidos “con la tecnología adecuada”
Ninguno de esos mercados está fácil para el biodiesel argentino. Tras lograr un pico de 1,8 millones de toneladas, la exportación sufrió en la última década la ola proteccionista que cerró EE.UU. y achicó el ingreso al viejo continente. En julio, el complejo local recibió con alivio el rechazo del Parlamento Europeo a una nueva restricción que promovía la Comisión Europea, por vía de clasificar a la soja como materia prima de alto riesgo ambiental.
El desarrollo de los biocombustibles de nueva generación, como el HVO y SAF, podrían abrir nuevas oportunidades en el negocio global. En esa vertical intenta ubicarse Argentina mientras resuelve sus disputas “analógicas”.
Mientras avanzan en el mundo los combustibles sustentables de nueva generación en Argentina se reabre la discusión por el marco regulatorio del biodiesel y el bioetanol.
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Por ÁLVARO TORRIGLIA
Economistas Julio Calzada y Bruno Ferrari.