La contra-reforma educativa
Su mensaje central es que el país está rezagado porque tiene una educación pública mediocre. Parte del falso supuesto de que el futuro económico de México depende exclusivamente de la calidad de las escuelas y el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Este argumento convierte a los profesores en los culpables de lo que sucede en el país. Ignora que la educación es resultado no sólo de lo que acontece en las aulas, sino de lo que se vive en la familia y la sociedad. Oculta que la grave problemática que se vive en México está directamente vinculada a un modelo de desarrollo del que ellos han sido beneficiarios directos, incapaz de generar crecimiento, empleo y bienestar, y a un régimen político de rasgos autoritarios y oligárquicos. El discurso de la derecha empresarial sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma manera en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Los maestros –según esta lógica– deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiar a los docentes con estímulos económicos si los resultados son buenos o castigarlos con el despido si son malos. El motor de la campaña de satanización es la organización Mexicanos Primero, que oculta su naturaleza de grupo de presión de la derecha empresarial presentándose como parte de la sociedad civil. Su presidente, Claudio X. González, fue, hasta hace muy poco tiempo, presidente de la Fundación Televisa. Su fundador, Alejandro Ramírez Magaña, es hijo de la influyente familia dueña de Organización RamírezCinépolis, que hizo parte de su fortuna explotando irracionalmente los bosques michoacanos. En su patronato participan algunos de los hombres más ricos de México.
En tiempo récord
La reforma educativa fue el primer producto del Pacto por México. Fue firmado por el gobierno federal, el PRI, el PAN y el presidente nacional del PRD el 2 de diciembre de 2012, en el segundo día del sexenio de Enrique Peña Nieto. Su objetivo expreso es concretar reformas urgentes para el país que no han caminado por la falta de acuerdos, mediante un mecanismo que privilegie las coincidencias, y contener a los poderes fácticos. El acuerdo fue suscrito en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, un monumento histórico excepcional que evoca momentos muy relevantes de la historia patria. Fue, —escribió Manuel Camacho en El Universal— “una oportunidad de fotografía para el presidente de la República y los presidentes del PRD y el PAN. Ninguno había logrado en la elección lo que pretendía y a cada uno, por diferentes razones, les convenía esa presentación.” 22