Relatoría general
3. Se exige el aplazamiento de la discusión y aprobación de las leyes secundarias, este fue uno de los acuerdos establecidos entre el gobierno federal y la CNTE, sin embargo no se ha cumplido. Se exige cesar cualquier impulso a la aplicación de éstas, hasta convocar y procesar la consulta nacional donde será el pueblo quien defina el destino de estas leyes. 4. Debe realizarse una consulta formal, sistemática acerca de los retos de la educación pública que concluya en un Congreso Educativo Nacional. 5. Debe impulsarse una verdadera transformación educativa que parta del núcleo del proceso educativo y garantice la participación de los actores y fuerzas más importantes de la educación. 6. Es necesaria una educación humanista, contextualizada que responda a las características y problemas de la diversidad nacional, una educación basada en la memoria histórica de nuestro pueblo, abierta a la cultura y al conocimiento. Una educación sustentada en la autonomía y participación democrática que contribuya al desarrollo de la nación pluricultural, democrática y justa establecida en la Constitución 7. El magisterio se pronuncia por una auténtica reforma educativa que garantice que se cumpla el mandato constitucional de que la educación debe lograr altos fines de formación y desarrollo humano y cultural de todos los mexicanos. 8. En todos los foros, se expresó la demanda de una reforma educativa que garantice la participación de maestros, padres de familia y estudiantes en la definición de políticas, planes y programas. Una reforma que promueva la construcción de auténticas comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver sus propios problemas educativos de acuerdo con su contexto regional, social, económico y cultural. 9. Se demanda una educación pública laica y gratuita garantizada por el financiamiento íntegro y suficiente del Estado. Se exige que se cumpla con la gratuidad de la educación, eliminando las cuotas “voluntarias” en las escuelas y que se deroguen los cambios constitucionales que establecen la autonomía de gestión, con lo cual el gobierno federal y estatal pretenden evadir la responsabilidad de brindar todo lo necesario, tanto en servicios, infraestructura y materiales didácticos a las escuelas y trasladan la responsabilidad a los padres de familia y maestros de las escuelas. El estado debe asumir cabalmente el sostenimiento de las escuelas públicas, otorgando una relativa autonomía pedagógica a las comunidades escolares; no a la autogestión financiera de las escuelas. 10. Se demanda un nuevo currículo, con reivindicación de los saberes socialmente significativos, que desarrolle las capacidades de pensamiento crítico y de indagación de los niños y jóvenes. La propuesta curricular debe incluir formas de evaluación cualitativa que rescaten saberes, valores y actitudes para promover una educación que fortalezca 214