��������
��������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������
Trump ha dicho que los delincuentes“ locales” condenados por determinados delitos deberían ser deportados, pero esto plantea importantes cuestiones jurídicas. Por Lawrence Hurley— NBC News Si un inmigrante que, según el Gobierno, es miembro de una pandilla puede ser deportado a El Salvador sin ningún derecho al debido proceso, entonces ¿ por qué no un ciudadano estadounidense? Ese era el escenario de pesadilla que los defensores de la inmigración y diversos expertos en derecho constitucional estaban considerando el lunes después de que el presidente, Donald Trump, volviera a impulsar un provocativo plan para deportar a estadounidenses que hayan sido condenados por delitos no especificados. Trump discutió el tema en la Casa Blanca con el líder de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha aceptado ingresar a personas deportadas de Estados Unidos en una conocida prisión.“ Siempre tenemos que obedecer las leyes, pero también tenemos criminales de casa que empujan a la gente en el metro, que golpean a ancianas en la nuca con un bate de béisbol cuando no están mirando, que son monstruos absolutos”, aseguró Trump a los periodistas.“ Me gustaría incluirlos”. Enlaces Patrocinados La semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump estaba interesado en deportar a El Salvador a“ criminales atroces y violentos” que son ciudadanos estadounidenses“ si hay una vía legal para hacerlo”. No está claro si la Administración se refiere solo a ciudadanos naturalizados, a quienes, en raras circunstancias, se les puede revocar la ciudadanía si, por ejemplo, la obtuvieron por medios fraudulentos. Durante la reunión del lunes en la Casa Blanca, Trump precisó que la fiscal general, Pam Bondi, estaba“ estudiando la ley”. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a mensajes en busca de información adicional sobre la propuesta.“ Obviamente es ilegal e inconstitucional”, afirmó Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. La ley de inmigración que otorga al Gobierno la autoridad para deportar a personas simplemente no se aplica a los ciudadanos estadounidenses, señaló Emma Winger, abogada del American Immigration Council, un grupo de defensa sin ánimo de lucro. Anthony Kreis, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia, señaló que la política británica de expulsar de las colonias a ciertos presuntos delincuentes para ser juzgados en otros lugares fue una de las quejas durante el periodo previo a la revolución.“ No veo cómo es permisible exiliar a alguien como parte del conjunto de derechos que son fundamentales para la ciudadanía, sobre todo si el esfuerzo por alojar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero significa entregar a una persona a una autoridad foránea”, añadió. David Bier, experto en inmigración del libertario Instituto Cato, agregó que las declaraciones de Trump muestran lo“ absolutamente crítico que es que los tribunales pongan fin de inmediato a este encarcelamiento extrajudicial por poder extranjero”.“ Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados para ser encarcelados en el extranjero. No hay autoridad para ello en ninguna ley estadounidense”, añadió. El Gobierno estadounidense alega que las personas enviadas a El Salvador son miembros violentos de pandillas, aunque algunos han sido trasladados sin que los tribunales puedan determinar si han sido correctamente identificados, lo que plantea serios problemas constitucionales. En un caso derivado del esfuerzo de Trump por invocar una ley de tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros, la Corte Suprema ya ha dictaminado que las personas sujetas a tales deportaciones tienen derechos de debido proceso. En una opinión separada en ese caso, la jueza Sonia Sotomayor abordó la naturaleza extrema de algunos de los argumentos del Gobierno.“ La implicación de la posición del Gobierno es que no sólo los indocumentados, sino también los ciudadanos de Estados Unidos
podrían ser sacados de las calles les, forzados a subir a aviones y confinados en prisiones extranjeras sin oportunidad de reparación si se deniega ilegalmente la revisión judicial antes de la expulsión”, escribió. La disputa legal paralela sobre Kilmar Abrego García, el inmigrante que el Departamento de Justicia ha admitido que fue deportado por error a El Salvador, también tiene relación con cualquier propuesta de deportar a ciudadanos estadounidenses. Abrego García no fue acusado ni condenado por ningún delito ni en Estados Unidos ni en El Salvador y fue trasladado a El Salvador antes de que los tribunales pudieran intervenir para garantizar que pudiera hacer valer sus derechos procesales. El Gobierno alega que es miembro de la banda MS-13. Aunque un juez ha ordenado que se devuelva a Ábrego García, la Administración Trump dice ahora que está fuera de su jurisdicción y que la decisión sobre corresponde exclusivamente a El Salvador. La Corte Suprema también intervino en el caso, afirmando que, aunque el Gobierno estaba obligado a“ facilitar” el regreso de Ábrego García, los tribunales no podían vulnerar la autoridad del presidente para dirigir la política exterior. 03:46 Si esa lógica se aplica a los ciudadanos estadounidenses, potencialmente podrían ser deportados sin poder impugnar. Aunque Trump ha dicho que solo querría apuntar a los criminales, tampoco hay razón para que el Gobierno pueda tratar de la misma manera a otros que no han sido condenados por delitos.“ El Gobierno de Estados Unidos ya ha deportado a alguien a esta prisión ilegalmente y no ha reclamado ningún recurso para recuperarlo, por lo que los tribunales deben cerrar este choque de trenes inconstitucional antes de que los ciudadanos estadounidenses se vean atrapados ilegalmente en él”, aseveró Bier. En Estados Unidos, los presos siguen teniendo derechos constitucionales básicos y a menudo impugnan sus condenas y condiciones de reclusión. No está claro si tienen tales derechos si están detenidos en una prisión en el extranjero. La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseveró en un evento en Phoenix, Arizona, que Bukele le había dicho que las personas enviadas a la prisión en El Salvador“ nunca se irán”. El plan de Trump es“ una razón adicional por la que los tribunales deben obligar a Trump a devolver a Abrego García y a otros deportados ilegalmente a prisión en El Salvador”, añadió Somin, el profesor de derecho.
16 Que Calor Magazine Para anunciarse llame al:( 602) 795-4550