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INMIGRACIÓN
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Inmigrantes de escasos recursos en EE . UU . se han quedado sin ayuda legal y por ende “ más vulnerables ” a las deportaciones tras la orden del Gobierno de Donald Trump de cancelar fondos para los grupos civiles y humanitarios que asesoran a estos extranjeros en los centros de detención y las cortes de inmigración .
Se trata de un ataque total contra los migrantes , tanto en contra de los que están llegando a la frontera , como aquellos que ya viven aquí .
Una de estas medidas , del Departamento de Justicia , limita drásticamente la asesoría legal gratuita que los migrantes tendrán tanto en cortes de migración como en centros de detención una vez que enfrentan un proceso migratorio .
La Administración Trump emitió una orden para detener todos los contratos de servicios legales , incluyendo el Programa de Orientación Legal ( LOP , en inglés ), lo que pone en alto riesgo a migrantes que se encuentran en centros de detención .
La ley de migración no otorga el derecho a los migrantes de tener un defensor público , como en las cortes criminales , por lo que la gran mayoría no cuenta con un abogado que los represente , por lo que deben representarse ellos mismos en un sistema que desconocen .
Al emitir esta orden , la administración Trump ha quitado esta modesta , pero importantísima ayuda para que los migrantes conozcan sus derechos y opciones .
La gran mayoría de los migrantes no cuentan con los recursos monetarios para pagar los costosos servicios legales de un abogado de inmigración en Estados Unidos .
El alto costo de abogados privados Algunos abogados privados cobran inclusive sólo por una cita inicial para escuchar un caso . Navegar y luchar en contra del sistema migratorio del país puede significar miles de dólares para un migrante .
Es una barrera legal porque la mayoría de los migrantes son personas de bajos recursos que llegan a este país solicitando asilo o escapando de la violencia de sus países .
No solo es el costo de representación , que puede ser de varios miles de dólares , en caso de que un juez acepte otorgarles una fianza para salir , esta puede ser entre 5 mil hasta 10 mil dólares por persona .
Activistas consideran que la falta de fondos para una asesoría legal para los migrantes los hace aún más vulnerables y los pone en un riesgo mayor de deportación .
Otro problema es la falta de traductores , particularmente aquellos que hablan otros idiomas que no es el español .
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