Después de eso, 257 emberas desplazados quedarán a la deriva mientras definen un nuevo
lugar donde quedarse. Por su parte, la Unidad dice que adelanta los procesos de licitación y
contratación con el nuevo albergue. Se comprometió a entregar una propuesta de solución
este viernes.
La Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda, visitó el lugar, ubicado en la localidad de
San Cristóbal y exigió soluciones para la comunidad. "Hacemos un llamado para que
funcionario con poder decisorio de la Unidad asuma este tema", alertó Castañeda. Entre los
indígenas hay 180 niños y niñas.
Ramón Rodríguez, director de Gestión Social Humanitaria de la Unidad de Víctimas,
aseguró que se entregaría un subsidio humanitario por unidad familiar que oscilaría entre
600.000 y el millón de pesos. Con esto, se espera que las familias financien un alojamiento
o alternativa temporal mientras se firma el nuevo contrato. Este trámite, según la entidad,
podría demorar hasta 15 días.
"Todo el proceso de integración cultural y étnica que ha hecho el gobierno a través de la
Unidad de Víctimas se va ir al traste por una improvisación y por una falta de contratación
oportuna para que otro operador los asuma", advirtió la Personera.
Durante las dos noches adicionales que se acordaron con el albergue, los gestores de
convivencia del distrito harán el acompañamiento ya que no queda ningún empleado del
operador.
El Ministerio del Interior aclaró que, aunque ellos articulan y acompañan el pro